RuiValdivia

Horas non numero nisi serenas

Orden y libertad

Las burocracias estatales y capitalistas han sido capaces de crear una densa red de leyes y normas que poseen el objetivo último de convertir en indispensable su presencia ubicua en todas nuestras decisiones, en crear artificialmente una estructura tan abrumadora y compleja que lejos de ofrecer eficiencia y garantías, lo que provoca es precisamente la desunión y la debilidad de los ciudadanos, y sobre todo, la ignorancia sobre la mejor forma de ejercer la libertad individual.

En los artículos anteriores hemos estado hablando sobre la libertad, pero he intentado eludir la necesidad de ofrecer una definición. La experiencia de la libertad resulta muy diversa, aunque existen unas imágenes claras y compartidas en nuestros imaginarios. Esta mezcla de experiencia, práctica, ideal y deseo conforma lo que cada persona considera su libertad. Algo fundamentalmente individual, pero que únicamente se puede dar en interacción con las personas que nos rodean, nos acosan y nos ayudan, con las que competimos y con las que también cooperamos.

También, a diferencia de otras doctrinas, credos o adhesiones políticas, el anarquismo resulta escurridizo y no se deja limitar por programas, filosofías o definiciones. En casi todos los partidos, religiones o ideologías el acólito o el militante debe realizar siempre una especie de juramento o firma de unos puntos mínimos de adhesión. Lo cual no quiere decir que esos puntos se hayan mantenido estables históricamente, o que no haya habido disenso y controversias, o que la lectura o interpretación de los diferentes credos no haya sido diversa e incluso enfrentada. Pero casi todas las tendencias políticas se han caracterizado por erigir definiciones, y convertirlas en trincheras de lucha contra otros. No así el anarquismo, cuya peculiaridad reside precisamente en su alergia a la teoría y al pontificado, su repudio de las élites, de los guías y de los intérpretes de la verdad, por su rechazo a los intelectuales orgánicos y a todo lo que rezume a libertador o representante de las conciencias.

¿Podríamos sugerir que un anarquista es una persona que busca la máxima libertad en cooperación igualitaria con otras personas? Con estos mimbres, quizás una banda de asesinos podría definirse como anarquista, si las decisiones sobre a quién van a asesinar las adoptan por consenso y de forma igualitaria. Pero también podría decirse de ellos, según su forma de organización y su modo de adoptar decisiones, que podrían estar formando una organización fascista, comunista, socialdemócrata o democrática, si votaran, por ejemplo, para elegir el próximo fiambre.

No hay ninguna forma concreta de decisión en común que garantice una solución buena. Menos mal. Porque si hubiera un mecanismo de decisión pública capaz de asegurar la bondad de las decisiones habríamos eliminado la libertad. Son las valoraciones individuales de las decisiones y de los procesos las únicas acciones capaces de describir la moral o el valor ético de una decisión. De ahí la importancia de optar por procesos igualitarios que permitan la total libertad de abandonar la comunidad o los pactos en función de los resultados, aquellos sistemas que en todo momento permiten el ejercicio de la libre participación de la persona sin intermediarios formales, ni representantes.

El anarquismo no posee una moral, como no la posee ningún otro tipo de organización política, porque únicamente existe la visión moral que defiende cada individuo acerca de los procesos y de los resultados que le conciernen. De aquí la importancia de optar por sistemas que en todo momento respeten esta libertad de forma totalmente igualitaria, que luchen continuamente por evitar la aparición de autoridades y dirigentes, de intérpretes de lo público o de la comunidad que se erigen en apóstoles de lo bueno, y que en consecuencia, declaran una determinada moral o bien público como norma a seguir por toda la comunidad.

Pero el anarquismo no consiste sólo en establecer una forma o modelo de decisión, sino en su capacidad para adaptarse y experimentar la sociabilidad en función de cada sistema de opresión y explotación existente, y en adoptar una respuesta práctica en consonancia y con el objetivo de maximizar la libertad y evitar la acumulación abusiva de autoridad o coerción en determinadas minorías. Las comunidades anarquistas que existen y han existido, siempre se han caracterizado por intentar aplicar sus propios principios, sin necesidad de destruir previamente los sistemas de explotación existentes, por intentar crear un marco comunitario y de trabajo en el que poder maximizar la libertad de los individuos, por crear estructuras de convivencia alternativas en el mismo seno de las estructuras de poder existentes, de intentar vivir ya en contra de lo que nos explota, y por tanto, de ir creando ya la sociedad utópica en el seno mismo de la explotación. Por ello, el anarquismo siempre ha estado en crisis, y de ahí deriva también su enorme vitalidad y diversidad.

El anarquismo, a diferencia de otras doctrinas o ideologías, nunca ha intentado adaptar la realidad a un plan preconcebido, jamás ha intentado imponer un programa predeterminado, ni ha intentado que el poder asumiera unos objetivos de acción o unas determinadas actuaciones. Lo que sea una sociedad anarquista lo irán decidiendo sus miembros en sus mismas interacciones libres e igualitarias, en ese entorno cibernético en el que siempre ha consistido la sociedad, un sistema que dinámicamente responde con recursividad y retroalimentación, y en el que las restricciones rígidas que le imponen los planes, las normas talladas a machamartillo o las ideologías totalizantes no sólo restringen la libertad, sino que se transforman siempre en una esquizofrenia en la que lo real se explica siempre con mentiras autojustificativas, con medias verdades cómplices con el poder y su ideología hegemónica, en fin, con esa hipocresía que reina allí donde los planes o las morales que nunca funcionan y que no pueden explicar con veracidad la realidad imperante, se imponen como normas de conducta de una sociedad en la que sus élites se rigen por valores, criterios y conductas totalmente disonantes con ellos, al margen de lo que cumple para el resto.

El sistema capitalista no podría existir sin corrupción, sin razones de Estado, sin realpolitik, sin todo ese vómito ético que justifica la doble moral en razón de su imprescindible contribución a la estabilidad política, a la eficiencia de la economía, al mantenimiento del orden, al equilibrio internacional, a la seguridad pública, etc. Esas preconcepciones sobre lo que debe ser, esos valores o espíritus supremos que supuestamente rigen la marcha de los Estados, se convierten no sólo en reales restricciones a la libertad, sino fundamentalmente, en justificaciones de lo existente, en enemigos de toda posibilidad de cambio o evolución autónoma a partir de los deseos de los individuos.

Las cartas del juego político están amañadas por esta superstición en torno a los objetivos supremos de la nación, sobre la necesidad de planificar el futuro, de organizar sobre el papel y anticipadamente todos los detalles de cómo debe funcionar una sociedad perfecta, no tanto porque lo que se anticipa se vaya a cumplir -que nunca lo hace- sino porque la confianza en que esos planes se deben abordar y la creencia en que cada persona debe sacrificarse en su ejecución, codifica un sistema de explotación, que con independencia de los resultados, provoca la aquiescencia voluntaria y el continuo deseo reformista que exacerba hasta el infinito la necesidad continua de planificar y de influir o votar a los representantes y expertos que finalmente deberían llevarlos a la práctica utilizando el poder que delegamos en ellos.

No significa esto que la autoridad experta del médico que cura o del barrendero que limpia no sirvan de nada y haya que evitarlos, al contrario, resultan imprescindibles, pero no como norma suprema avalada por toda una estructura de poder, sino como saberes expertos que cada individuo o comunidad acepta en virtud de la confianza que le merece, y nunca de forma burocrática. La única autoridad válida o reconocible hay que ganarla y merecerla a través de la experiencia, se revalida continuamente y nunca se otorga por un sistema ajeno a las personas directamente afectadas que son, en última instancia, quienes ejercen la potestad de reconocerla o desestimarla de forma totalmente libre y voluntaria.

Estamos demasiado acostumbrados a que la autoridad de los expertos derive de la aquiescencia con el poder, de la connivencia con estructuras que aspiran más a consolidar opresiones o estatus quo, que a defender, proteger y ayudar a los afectados y ciudadanos que recurren a sus servicios. No es que todo lo que hagan sea erróneo o sea ineficaz o malvado, sino que sólo se hace aquello que no perturba el actual estado de cosas y que sirve siempre para perpetuar una casta de poder y una estructura establecida al margen de los afectados, ya sea en la sanidad pública, en el sistema educativo, en las decisiones sobre infraestructuras, o en cualquier ámbito del interés general o del bien público en el que el poder nos impone una élite de expertos que casi siempre actúan con prepotencia y soberbia.

Se considera que deben existir unas normas comunes a todas las personas, ya sea en la legislación, así como en los procedimientos y actuaciones que deben regir el desarrollo de las políticas públicas o la aplicación de tecnologías, pero ello no tiene por qué ser así, o al menos, esas normas no tienen que ser necesariamente universales. Los Estados intentan hacernos creer que existen unos intereses comunes al género humano, y que sus expertos y burócratas son los encargados de hacerlos explícitos, ya que su legitimidad y autoridad deriva de esta presunción, la de que existe un interés de la humanidad al que ellos se deben y que orienta las políticas y las normas por encima de la capacidad de los individuos de organizarnos por nosotros mismos.

En cierta manera, el demócrata anhela, con más o menos florituras, la existencia de un Estado mundial, de un gran parlamento universal en el que se diriman todas las cuestiones comunes al género humano, y en el que, en consecuencia, se aprueben las normas comunes a todos los individuos. Frente a esta centralización ideal, los libertarios defienden la existencia de una red humana de interacciones, la coexistencia de múltiples comunidades de decisión en las que la libertad y la diversidad de los individuos quede garantizada precisamente por la inexistencia de centros abusivos de poder, por la aplicación del principio de máxima descentralización.

Si no existe ya esa red de comunidades, si los intentos por crearlas resulta tan difícil en la actualidad, no se debe a la dificultad intrínseca que ello conlleva, sino a la acción histórica y continuada de los Estados y de los grandes centros de poder económico por impedir su aparición. Todo lo que el Estado ofrece de bienestar lo otorga a través de instituciones que actúan como una policía, ejerciendo violencia explícita o implícita, la denominada violencia legítima que caracteriza a todos los leviatanes. Si el Estado da un servicio lo hace siempre a través de una reglamentación única para todos, lo que lejos de garantizar la igualdad impone la desigualdad en el seno de la sociedad. Porque una igualdad ejercida sobre una diversidad de individuos libres genera desigualdad en el reparto del bienestar. El acceso a los bienes públicos y al interés general (educación, sanidad, defensa, etc.) se hace siempre bajo coacción, obligando a cumplir un procedimiento que los individuos no han aceptado, pero que si incumplen, conlleva la sanción, la cárcel o la exclusión del acceso al servicio público. Y como todas las herramientas estatales utilizadas para dar bienestar a los ciudadanos han sido fabricadas con una fuerte inversión de dinero público, la posibilidad de acceder a medios alternativos se ve muy mermada, tanto por su inexistencia, como por los costes asociados. El objetivo: crear un vacío tan grande más allá de los Estados y del mercado, que los ciudadanos tiemblen de pensar que podemos quedar aislados en un yermo carente de servicios.

Las burocracias estatales y capitalistas han sido capaces de crear una densa red de leyes y normas que poseen el objetivo último de convertir en indispensable su presencia ubicua en todas nuestras decisiones, en crear artificialmente una estructura tan abrumadora y compleja que lejos de ofrecer eficiencia y garantías, lo que provoca es precisamente la desunión y la debilidad de los ciudadanos, y sobre todo, la ignorancia sobre la mejor forma de ejercer la libertad individual.

No parece muy desacertado considerar que la organización de tipo estatal, centralizada y jerárquica genera élites privilegiadas en lugar de igualdad, destroza los lazos de solidaridad entre los individuos y produce indiferencia y una total carencia de compromisos, aplasta la iniciativa individual y también el pensamiento independiente y crítico.

En cambio, la cooperación entre pares o individuos iguales y libres, operaría como un principio homeostático (regulador) de la naturaleza, y también del género humano, donde competencia y cooperación no pueden entenderse por separado, o sus correlatos del egoísmo y del altruismo, de tal modo que el equilibrio, o la organización, no se establece por imperativo de un orden inmanente o exterior que lo impone con su espíritu ordenancista, con su fuerza, sino que surgiría de las mismas interacciones entre sus pares y de forma totalmente distribuida y no centralizada, en el seno mismo de la sociedad, de la anarquía de sus fuerzas vivas.

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