Estoy leyendo a Luigi Fabbri, un escritor y activista libertario que vivió entre los siglos XIX y XX, su libro “Comunismo libertario o capitalismo de Estado”, en el que defendía la utilización de la violencia con fines políticos y educativos durante aquellos años revolucionarios de la primera mitad del siglo pasado. Frente a la violencia institucional de los Estados capitalistas, él contraponía la violencia de los explotados para expropiar e imponer unas condiciones justas, libres e igualitarias en las relaciones sociales y económicas. Leer estas palabras hoy, en una época en la que se ha impuesto casi como un dogma el mal inherente a cualquier comportamiento violento, y como una actitud ética elevada el ser pacifista, estos párrafos pueden resultar hirientes y brutales, una oda al terror y a la justicia arbitraria.
Hemos desterrado, como una actitud ética plausible, el tomarnos la justicia por nuestra mano, no sólo en las reparaciones individuales, sino también en los conflictos públicos o políticos. Nuestro imaginario, al respecto, está plagado de imágenes de linchamientos que nos han vacunado contra el ejercicio libre de la violencia. El papel de Hollywood ha sido ejemplar en la educación política contra la justicia del populacho. Cuántos juicios populares sumarísimos de hordas salvajes que en un delirio de violencia y venganza toman la cárcel para ajusticiar a un preso que en muchos casos acaba siendo inocente, y que siempre es defendido por un ejemplar y digno servidor de la ley. Correcto, el que seamos capaces de acordar procedimientos públicos y transparentes para esclarecer los hechos parece una actitud más idónea que la opinión o el racismo o el prejuicio para establecer responsabilidades e indagar en los hechos reales.
La legitimidad estatal en el uso de la violencia quiere basarse en esta premisa del procedimiento legal, en la necesidad que poseen los Estados de ser los únicos actores violentos y en la asunción, a veces problemática, de que los órganos estatales creados para instituir justicia operan sin arbitrariedad y con total objetividad y transparencia.
Pero, ¿qué ocurre en aquellos casos en los que no existe un procedimiento legal, qué actitud debe adoptar una persona respecto al uso de la violencia para reparar o defenderse de otra violencia o de una injusticia sobre la que el Estado no ha confeccionado un procedimiento, y sobre la que no sólo se desentiende, sino que en muchos casos incluso emplea su propia violencia legítima estatal para proteger al explotador o al injusto? Si recurrimos otra vez a Hollywood, no creo que existan muchas películas en las que un empresario injusto y explotador que se aprovecha del asalariado y le impone condiciones lamentables de trabajo, sea linchado-expropiado de su propiedad industrial por sus trabajadores-víctimas. Tampoco veo por ningún lado al funcionario de la ley dispuesto a hacer justicia pública, con luz y taquígrafos, sobre estos espacios de extorsión económica y moral a través del trabajo.
Creo que es aquí, en este ámbito de la justicia, en el que el escritor anarquista italiano funda su apelación a la violencia revolucionaria, como ese pueblo de Fuenteovejuna que reclama justicia, y porque no existen delegados estatales que la hagan cumplir, se la toma por sus manos para solaz y regocijo de cuantos espectadores, violentos o no, hemos presenciado esta obra teatral durante los últimos 300 años. Como todos sabemos, en el drama barroco el rey acabará avalando el crimen del comendador como algo legal, aun cuando desconozcamos si articuló un procedimiento contra tales excesos, cosa que nunca consentiría la violencia revolucionaria, precisamente erigida para instaurar un régimen en contra u opuesto a este Estado concreto, o incluso, en el caso de la anarquista, al margen de cualquier Estado. La violencia revolucionaria, por tanto, se realiza para legitimar otro estado de cosas opuesto al actual, porque el marco legal y político existente impide que tal cosa pueda ocurrir por procedimientos legales. El Estado, aunque sea democrático, jamás utilizará su violencia contra sí mismo, nunca se suicidará. El revolucionario recurrirá a la violencia en legítima defensa de sus derechos.
En los Estados democráticos actuales existen muchas decisiones, sobre todo las que marcan los términos globales y los tiempos del juego, que son extralegales, que se manifiestan a través de una serie de balances de poder entre élites políticas y económicas, al margen del refrendo popular, que viene al final, cuando todo ya está escrito y se desencadena una campaña mediática cuajada de sentimiento y vehemencia con el único propósito de aprobar, por ejemplo, una Constitución que siempre posee por objetivo máximo la protección de la propiedad privada, con independencia de la explotación a la que los propietarios someten a los no-propietarios. Todos los recursos a derechos, patrias, naciones, razas o religiones, todo el armazón ideológico que se construye para legitimar los Estados capitalistas se realiza para llevar a cabo la mejor protección de la propiedad privada, y por esta razón, ningún particular podrá apelar a la protección violenta del Estado por ser explotado por un propietario que ejerce el libre ejercicio del derecho a disponer de su propiedad.
El salario mínimo no es justicia, sino caridad y subsistencia precaria, y todos los derechos sociales y económicos reconocidos constitucionalmente nunca podrán ser ejercidos ante los tribunales. No existe procedimiento para que un individuo ejerza su derecho a la vivienda o al trabajo, que siempre dependerá, en última instancia, de la coyuntura económica y del reparto de la riqueza, de las desigualdades e injusticias de todos los días en el denominado mercado laboral.
Los Estados sociales y de derecho, ergo capitalistas, entrarían en contradicción si establecieran una legislación, y por tanto, unos procedimientos que al mismo nivel que los penales para “delitos comunes”, establecieran el nivel de explotación al que se ven sometidos los trabajadores y que en consecuencia, fijaran unas penas entre las que tendrían que contemplarse la expropiación de la propiedad y su devolución a los trabajadores explotados. Qué duda cabe, existen algunas leyes de protección, pero que operan lateralmente y nunca atacando el fondo del problema del reparto de la riqueza en relación con el trabajo empleado para conseguirla, cuestión ésta que lejos de dirimirse en los tribunales se solventa en la selva del mercado. Si el mercado laboral es la jungla y funciona con independencia de la legalidad, y si el Estado se proclama garante violento de su correcto funcionamiento en virtud de la defensa a ultranza del derecho de propiedad, ¿existía alguna otra forma de defender la justicia en el trabajo, allá a comienzos del siglo XX, si no mediante una violencia revolucionaria que fuese capaz de torcer las normas del juego social? ¿Qué lecciones cabe extraer de aquellas experiencias y de sus consecuencias a la luz de la historia más reciente y de la situación de desigualdad estratosférica del mundo actual? ¿En un mundo cada vez más sometido a la violencia arbitraria de terroristas y Estados, qué lugar tendría que ocupar la violencia revolucionaria? En su último libro el Comité Invisible afirma que “Todas las razones para hacer una revolución están ahí”. Es cierto, pero ¿una revolución que tenga que utilizar necesariamente la violencia para transformar la realidad? ¿Cómo distinguir esta violencia revolucionaria de otras tan actuales que no buscan la justicia o la libertad para todos, sino fundamentar otras injusticias y otras desigualdades? Quizás como afirma Fabbri, “La violencia es un medio que asume el carácter de la finalidad en la cual es adoptada, de la forma cómo es empleada y de las personas que de ella se sirven.”
Rui Valdivia 
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