Democracia corrupta

Por qué la corrupción. Para qué sirve la corrupción. Ya hablé de ella en este artículo hace unos años. En él hablaba de la corrupción como un elemento indispensable para el buen funcionamiento de los Estados modernos. Yo no defiendo la corrupción, pero ésta resulta consustancial al funcionamiento de la democracia y del capitalismo. En los sistemas autoritarios existe el robo, la arbitrariedad en la extracción de rentas y decisiones, pero no la corrupción entendida modernamente como ese oscuro entramado conspiratorio que se produce en la intersección entre lo público y lo privado, entre la universalidad de las leyes y la búsqueda del lucro personal.

Pero no deseo ahora analizar la corrupción desde esta atalaya, sino bajar al barro en el que a diario esta corrupción se está convirtiendo en el principal factor de posicionamiento político. Porque la corrupción se ha transmutado en nuestro país en el principal elemento que orienta el voto de los ciudadanos. Ya casi nadie vota por las ideas o más pragmáticamente, por las políticas que unos y otros defienden en contraposición, sino por el grado de corrupción que cree que tienen los otros en relación a los nuestros. O quizás algo más perverso. Que cada cual cree o no cree las noticias y los juicios por corrupción no tanto por los hechos reales, sino por la previa adscripción política. La corrupción deviene como la prueba del algodón, de que realmente cada cual confía que está en el bando adecuado.

Un ángel objetivo que analizara la corrupción en España, no tendría capacidad ni tiempo material para estudiar con exhaustividad e imparcialidad todos los expedientes y sumarios que existen sobre cada caso. Ningún ciudadano posee esa capacidad. Y sin embargo, nos posicionamos a favor y en contra de unos y de otros. ¿En virtud de qué razonamiento? Pues resulta claro, por las noticias que deseamos escuchar de los medios de comunicación o de las redes sociales que consideramos de los nuestros. Y como comprobamos a diario que existe corrupción generalizada, tanto en nuestra casa como en la de enfrente, pues nos contentamos con pensar que la corrupción del vecino tendrá que ser mucho peor que la nuestra.

Pero tampoco seamos ingenuos, porque la justicia no se libra de la corrupción. Y menos ahora, en la situación en la que nos encontramos, en la que los juicios por corrupción se han convertido en el principal tema del debate político. Porque ese ángel benévolo y capaz que quisiera arrojar luz sobre lo que realmente está ocurriendo en relación con la corrupción, no sólo debería conocer los expedientes y valorar en consecuencia, sino lo que resulta todavía más complicado, establecer qué de veraz o falso contienen esos sumarios judiciales y policiales que en principio deberían ser objetivos e imparciales. En suma, una tarea titánica imposible de acometer por cualquier ciudadano. Estamos inmersos en una red de mentiras, medias verdades, subjetividad, en suma, de corrupción mediática, de la que resulta imposible huir. Dos entramados corruptos que se superponen, que incluso se coordinan, para crear confusión y marasmo, y por tanto, para que la única solución que encuentre el votante sea confiar más en unas mentiras que en las otras.

Este fenómeno se conoce como judicialización de la política, y es un riesgo al que están sometidas todas las democracias, el de convertir la institución de la justicia en árbitro de la política, y más aun, que el objetivo del político consista en meter en la cárcel al adversario. Lo que se traduce, en convertir a la institución judicial en una maquinaria corrupta al servicio de la política. No se trata de defender a los jueces o los políticos buenos frente a los malos, sino que el sistema existente dificulta que haya imparcialidad y justicia en las decisiones, objetividad en las opiniones.

No hay duda de que en todos los Gobiernos va a haber corrupción. Al “capo” Sánchez le sucederán los “capos” Feijoo y Abascal, y la corrupción no habrá sido eliminada. Nos podrán gustar más o menos unos capos que otros, podremos pensar que una o otra corrupción será mejor bienvenida en virtud de a qué intereses o ideas políticas sirve, o votar en función del grado o alcance que la corrupción adoptará en cada Gobierno, pero lo cierto es que la corrupción no va a acabar.

Resulta muy difícil salir de este marasmo, porque la política, y con ella la justicia, se han convertido en un espectáculo, similar al fútbol, la moda o la música, en la que se utilizan las mismas herramientas de identificación, adscripción e identidad que en el espectáculo, donde lo fundamental es la apariencia, lo fugaz, lo exagerado o sorprendente en contraste con lo real y lo esencial de las cosas.

Me hacen gracia algunos de los términos que se utilizan en esta guerra mediática entre estrellas o equipos. Uno de ellos es el de los fontaneros del PSOE. Fontaneros. Y la jefa de fontanería, Leire, que se parece a esos artistas recién sacados del anonimato y a los que la publicidad les ofrece una repercusión exagerada al real valor que poseen. Pero fontaneros los hay en todos los lados. El político siempre busca influir en el juez y en el fiscal, porque esos ámbitos no son independientes y junto a procedimientos reglados y legales de relación, existen otros alegales o incluso ilegales. Supongo que tanto en el PP como en el PSOE existen fontaneros. Lo que me hace reír es que la fontanera del PSOE la han pillado por ser mala fontanera, por no haber sabido presionar o cooptar a los jueces y fiscales, tarea en la que parece que el PP ha tenido más éxito con sus anónimos fontaneros.

Pero creo que en nuestro país existe algo singular, como una tara de fábrica del sistema democrático, que es el que está provocando, entre otras causas, esta exacerbación y polarización en torno a la corrupción. Y es que nuestro sistema democrático nació ya corrupto. Salimos de una dictadura sin haber hecho tabla rasa, sin darle al botón de reset, creyendo que con cambiar los nombres y los procedimientos de la política era suficiente para fabricar un sistema democrático. Por ejemplo, la amnistía colocó en el mismo lugar a los defensores de la democracia encarcelados que a los torturadores. Todo el sistema clientelar económico, judicial y policial de la dictadura quedó intacto. Y un partido supuestamente de izquierdas y renovador como el PSOE, con el político más traicionero y mendaz que ha dado la democracia española, Felipe González, desde su posición de aparente progresía, destruyendo a las asociaciones y grupos políticos que se habían opuesto a la dictadura, y fomentando un liberalismo propicio a los intereses de las clases opulentas del franquismo, parapetado en su supuesto programa de izquierdas y en la cooptación de los jóvenes a través de la política cultural y de identidad alrededor del feminismo, el divorcio o la movida madrileña.

Esta política corrupta permitió acallar durante un tiempo a las elites y a las fuerzas vivas de la dictadura, a cambio de la carroña que la izquierda les ofrecía a cambio de su aquiescencia y buen comportamiento democrático. Acuerdos como los Pactos de la Moncloa, y toda una serie de políticas liberales hicieron que la acumulación capitalista continuara, con pequeñas excepciones, en manos de las élites franquistas. No hace falta sondear mucho para advertir a quién sigue perteneciendo las grandes fortunas y los emporios empresariales en nuestro país, las familias que forman parte de los principales consejos de administración de nuestras empresas. Pactos de silencio que imposibilitaron también que en nuestro país se fabricara una narrativa histórica antifranquista, veraz en relación a lo que supuso de represión y de atraso ese régimen que asoló nuestro país durante 40 años. Los perros de la dictadura siempre han estado acechando y buscando su oportunidad.

Pero la situación económica y política internacional parece que dificulta actualmente que este pacto aquiescente entre la izquierda progre y el rancio fascismo se pueda perpetuar. El Estado ya no puede garantizar esa acumulación capitalista que acalló a los fascistas, y por tanto, los herederos del franquismo se están revelando, aprovechando el surgimiento de nuevos fascismos en los Estados democráticos, se suman a la ola y reivindican su derecho de pernada a seguir mandando, esta vez explícitamente desbancando, por los medios que sean, a aquellos a los que estratégicamente habían cedido el poder.

Lo que está soportando ahora la supuesta izquierda por medio de los juicios por corrupción, no deja de ser la revancha “legítima” de los verdaderos dueños del país, jueces, policías, empresarios y políticos que consideran que el sistema no les está ofreciendo lo que se merecen y que confían en que los nuevos populismos de ultraderecha ahora regalen un mayor margen de enriquecimiento, y que por tanto, que ahora ya no deban soportar las inoportunas políticas de identidad con la que las izquierdas nos sermonean a diario en relación con las mujeres, los inmigrantes, los homosexuales, etc.

Como afirmaba G. Orwell, todos estamos fuera de la ley en un sistema democrático:

“En una sociedad donde todos son culpables, el único crimen es ser atrapado”

Porque es tal el cúmulo de leyes, normas, decretos que resulta imposible que un ciudadano pueda cumplirlas todas, por lo que a sabiendas o por ignorancia, todos nos encontramos fuera de la ley. Y por tanto, que estemos sujetos a la arbitrariedad de un juez o de un político de demandarnos, a nosotros y no a otros, en virtud de causas ajenas al delito, ya sea por nuestra opinión política o por acusaciones de supuestas manos limpias. Esto hace posible que los sistemas democráticos siempre estén sujetos a esta corrupción, en mayor o menor medida, de que sobre los ciudadanos siempre se cierna el fantasma de la corrupción.

Por cierto, a qué espera el Gobierno para indultar al rapero Pablo Hasél, que lleva ya 5 años en la cárcel por los “delitos de opinión” contenidos en sus canciones, auténtico caso de corrupción política que protege a los corruptos de aquellos que glosan sus gestas, condena ejemplarizante que busca amedrentar a todos aquellos que opinen en contra de aquellas instituciones que “presuntamente” devanean con la corrupción.