LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

«La privatización del agua», artículo publicado en la revista «ARCHIPIÉLAGO: cuadernos de crítica de la cultura», en el número 57 (septiembre de 2003), páginas 69-77. En el monográfico dedicado a «El agua: un despilfarro interesado».

«El agua ni es para todos, ni es para la vida. Aunque así lo afirme la cantinela de las buenas intenciones humanitarias y del desarrollo, cada vez el agua es realmente poseída por menor cantidad de personas, progresivamente es mayor el número de ecosistemas acuáticos degradados y destruidos. A pesar de las reuniones internacionales, los informes y los manifiestos, cada vez resulta mayor la degradación del agua, más costosa su utilización, y por tanto, más inaccesible para aquellos colectivos humanos que carecen de influencia política o no poseen suficiente poder adquisitivo. En un mundo cada día más mercantilizado, el agua se transforma en un bien escaso para los pobres, para los marginados y para la naturaleza».

 

La privatización del agua

17 de junio de 2003

El agua ni es para todos, ni es para la vida[1]. Aunque así lo afirme la cantinela de las buenas intenciones humanitarias y del desarrollo, cada vez el agua es realmente poseída por menor cantidad de personas, progresivamente es mayor el número de ecosistemas acuáticos degradados y destruidos. A pesar de las reuniones internacionales, los informes y los manifiestos, cada vez resulta mayor la degradación del agua, más costosa su utilización, y por tanto, más inaccesible para aquellos colectivos humanos que carecen de influencia política o no poseen suficiente poder adquisitivo. En un mundo cada día más mercantilizado, el agua se transforma en un bien escaso para los pobres, para los marginados y para la naturaleza.

La creación artificial de escasez de agua

Durante mucho tiempo el agua de los ríos y de los acuíferos fue como el clima o el aire, un bien inagotable y casi inalterado por actos de origen humano. Según afirmaba el derecho romano, un bien del común, un recurso al que cualquier ciudadano podía acceder libremente para obtener bienestar. Pero dos factores han cambiado esta realidad histórica de forma radical y casi general. En primer lugar, la intensa utilización de agua hasta niveles cercanos, y en ocasiones superiores, a su capacidad de renovación natural. En segundo lugar, su progresivo deterioro por obra de la contaminación. Como declara la propaganda institucional, el uso del agua se ha hecho conflictivo; en sentido económico, su excesivo uso y degradación han transformado al agua en un bien escaso. La consecuencia lógica que el credo liberal extrae de la progresiva escasez del recurso hídrico resulta obvia a la luz de la historia reciente del capitalismo: si se desea utilizar el agua de forma eficiente, sin despilfarro de dinero y de recursos productivos, privatícese y que sea el mercado, el óptimo asignador de recursos, quien la distribuya entre aquellos usos y usuarios que sepan sacarle mayor rentabilidad.

Sin embargo, la escasez no es un dato de la naturaleza, una realidad ajena a las decisiones humanas, sino que como muy bien han sabido destacar tantos estudiosos del capitalismo, se crea artificialmente por obra del incremento de las necesidades. El punto clave en el análisis de cómo se relaciona el bienestar con la escasez reside en introducir la perspectiva de la desigualdad, en saber detectar, más allá de los grandes agregados y las cifras medias, cómo el déficit se crea y se distribuye desigualmente entre la población y cómo el incremento del bienestar de algunos influye en la miseria de otros. El agua no resulta escasa por sí sola. La escasez aflora, evidentemente, cuando unos usuarios se la apropian en perjuicio de otros. La falta de agua de agua, por ello, no sólo la crea el ser humano, sino que posee una dirección clara que habrá que estudiar y poner de relieve en cada caso, porque la escasez es provocada siempre contra alguien. Lejos de eliminar la escasez, los instrumentos de mercado la intensifican, porque de ello depende la propia existencia del mercado, de su capacidad para desequilibrar continuamente la oferta por la acción de una demanda siempre en expansión.

El crecimiento urbano y la concentración de población y de actividades en cada vez menor número de centros de poder, junto con la agricultura intensiva, componen las dos actividades que mayor escasez de agua provocan en el mundo[2]. El agua se está derivando, en la actualidad, desde los territorios pobres hacia los centros urbanos con mayor poder político y económico, desde la agricultura precaria y de baja productividad económica, hacia las grandes zonas de riego[3]. Y a la inversa, la contaminación producida por industrias, usos urbanos y agricultura, finalmente la sufren los colectivos humanos más vulnerables. El acceso al agua, esa necesidad básica de la que dependen tantos derechos humanos, se está haciendo cada vez más difícil para mayor número de personas, un proceso que ha empezado a producirse con sistemas de gestión públicos y que en el futuro se intensificará al pasar éstos a manos privadas.

¿Por qué se privatiza ahora el agua?

El agua posee ciertas características especiales, originales, que históricamente han dificultado su temprana mercantilización: economías de escala, externalidades, servicio público, necesidades básicas, etc. Tras más de dos siglos de capitalismo y revoluciones industriales, ahora el sistema parece sentirse lo suficientemente maduro para iniciar la liberalización del sector del agua dulce. Pero ¿por qué la Administración y amplios sectores de la ciudadanía aceptan ahora la privatización de los servicios públicos del agua? Si la prodigalidad de la naturaleza y las dificultades para ser confinada y poder ejercer efectivo derechos de propiedad y de exclusión sobre ella habían defendido al agua de la apropiación privada y de ser transformada en un bien económico, finalmente ha sido este deterioro y explotación abusiva la que se avala actualmente como justificación de su transformación en bien económico sujeto, como cualquier otro, a privatización, y posterior comercialización por medio de un precio competitivo. Sí, el agua sigue siendo vida, lamentablemente una vida cada vez más en manos de aquellos poderes económicos que comercializan con ella.

Pero otro factor importante se suma al anterior, en especial, el clima de desconfianza generado en torno a la capacidad de la Administración pública para gestionar y financiar eficientemente los servicios sociales bajo su competencia. El mensaje resulta claro, dada la ineficiencia de la gestión pública, con la privatización se conseguiría mejorar la calidad del servicio, disminuir la escasez, hacerlo más barato y acometer inversiones, con capital privado, imposibles en el marco financiero y presupuestario hoy vigente. Se trata de impedir que los Ayuntamientos, la Administración más cercana a los ciudadanos, ejerzan sus competencias en las decisiones sobre cómo se reparte el agua entre sus habitantes, que finalmente sean los mercados los que decidan, a través del precio y de la capacidad de compra de los consumidores, cómo se va a repartir el bienestar hídrico entre la población. Sin embargo, sobre las ventajas del mercado y de la gestión privada del agua podrían esgrimirse numerosas objeciones teóricas y prácticas.

Existen numerosos sistemas de gestión pública del agua cuyo funcionamiento satisface razonablemente bien las expectativas de sus habitantes. Los sistemas de abastecimiento públicos han sido, principalmente los que históricamente, por ejemplo en España, han logrado un servicio universal de agua potable para la población. Todavía hoy, más del 50% de la gestión del agua urbana se desarrolla dentro de la modalidad de sistema público y la mayor parte dan testimonio de la buena disposición de la empresa pública para ofrecer bienestar a sus ciudadanos[4]. Aunque también podríamos citar numerosos casos en los que empresas públicas llevan a cabo una gestión inadecuada del servicio. Por ejemplo, tantas ciudades del Tercer Mundo en las que por desidia de la Administración o imposibilidad de financiación, las aguas llegan escasas y en pésimas condiciones de salubridad, y en las que el acceso al agua potable cada vez se torna un lujo más lejano. Las estadísticas mundiales sobre acceso al agua potable dan testimonio de la incapacidad, en el actual marco político, social y económico, de muchos sistemas públicos de gestión de las aguas para satisfacer las necesidades básicas de la población[5].

Los peligros de la privatización del agua

Pero la ineficiencia no sólo se puede dar en la gestión pública. Si se consulta la prensa latinoamericana o británica, quizás los dos lugares del mundo donde con más vehemencia se han iniciado procesos de privatización de sus aguas, en numerosos casos se constatan pésimas experiencias, ya sea por repetidos incumplimientos de las cláusulas contractuales pactadas con la Administración en los correspondientes procesos de liberalización, como por no cubrir las expectativas que en teoría deberían satisfacer los sistemas de gestión privatizados: eficiencia, precios bajos, universal acceso al agua, disminución de la escasez, saneamiento de las finanzas, transparencia, etc[6].

Los peligros de la privatización del agua han sido destacados en numerosos informes y estudios de tipo teórico, y sobre todo, práctico, ya que la experiencia al respecto resulta amplia y relevante para poder resaltar algunos principios y resultados claros. Por ejemplo, P. Gleick[7] destaca que con carácter general los sistemas privatizados han elevado apreciablemente el precio del agua y han provocado claras desigualdades en el acceso, de tal forma que los sectores con menores ingresos se han visto perjudicados, o directamente se les ha olvidado cuando se han diseñado los nuevos sistemas de abastecimiento. La razón resulta clara. Las nuevas empresas gestoras del servicio, en su intento de maximizar la rentabilidad de sus inversiones, dedican su mayor esfuerzo a suministrar agua a los sectores sociales con mayor poder adquisitivo, y excluyen, sobre todo en países o ciudades con altas desigualdades económicas, a amplios sectores de la población. Algo tan común en cuantas actividades se gestionan con herramientas de libre mercado se hace aún más injusto cuando se recuerda que el agua es una necesidad básica imprescindible para garantizar los derechos a la vida o a la salud.

Existen otros problemas, comunes tanto a los sistemas públicos como a los privados, que pueden hacerse irreversibles o agudizarse si la gestión del agua recae enteramente en manos privadas con escasa o defectuosa regulación pública del servicio: impactos ambientales aguas abajo de los sistemas de abastecimiento, escasos esfuerzos por controlar la contaminación de las aguas, disminución de la participación ciudadana en las decisiones que se adoptan y en los criterios de gestión, reducción de la calidad del agua que se suministra, poco interés por incrementar el ahorro y la reutilización del agua, menor accesibilidad de los ciudadanos a la información, defectuosos sistemas de resolución de conflictos, etc. Es decir, la gestión se alejará cada vez más del ciudadano, se perderán derechos y todas las disputas se acabarán resolviendo mediante procedimientos de mercado donde siempre primará la capacidad de compra.

Los informes del PSIRU[8] ponen de manifiesto, además, graves problemas relacionados con la transparencia y equidad de los contratos de suministro de agua, así como con la corrupción existente en muchos de estos concursos, y con el logro de esa eficiencia económica tan alabada como el mayor logro de los sistemas de gestión privatizados[9]. Uno de los mayores alegatos a favor de la privatización reside en que con ella se incrementa la competencia del mercado, lo cual debería redundar en una mejora de los servicios y en una disminución de los precios. Pero se olvida que, de hecho, la mayor parte de los sistemas de abastecimiento de agua opera en régimen de monopolio. Cada ciudad privatiza la gestión total del servicio y se la ofrece a una única empresa que operará siempre en solitario por darse, en este sector, economías de escala que impiden la entrada de competidores. Por ello, si se analiza a nivel mundial qué empresas concurren a estos contratos, se comprueba que tampoco a este nivel existe la competencia, ya que sólo dos empresas, Vivendi y Suez-Lyonaise copan el 70% de estos contratos.

Muchas veces las empresas privadas que acaban gestionando estos servicios esenciales aprovechan la falta de control o la indefinición de los contratos, para abusar de su posición de privilegio. Así, no es raro encontrar casos de inversiones comprometidas no realizadas, abandono y bajo mantenimiento de las instalaciones, defectuosa prestación de servicios o incumplimiento del régimen de tarifas y de precios pactados. La Administración, en la mayoría de los casos, posee poco poder para reconducir la situación. En primer lugar, en este sector las contrataciones se realizan con plazos que exceden los 20 años. En segundo lugar, cuando el municipio privatiza simultáneamente abandona su plantel de técnicos en la materia. Por ambos hechos las ciudades han ido perdiendo, durante los últimos años, el control sobre cómo actúan y trabajan estas empresas y sobre todo, su capacidad para revertir la situación a unos términos más razonables para la ciudadanía.

Finalmente, los informes del PSIRU ponen reiteradamente de manifiesto la existencia de corrupción, de sobornos, tratos de favor y cláusulas secretas en muchos contratos de suministro privado de las aguas. Un informe del Banco Mundial[10] destaca que “el proceso mismo de privatización puede crear incentivos de corrupción. Una empresa puede pagar para que se la incluya en la lista de licitantes idóneos o para restringir el número de ellos. Una empresa puede pagar para obtener una evaluación baja de la propiedad pública que se va a arrendar o liquidar, o para ser favorecida en el proceso de selección (…) las empresas que pagan recompensas pueden esperar, no sólo obtener el contrato o ganar en la subasta de privatización, sino además conseguir subsidios ineficaces, ventajas de monopolio y laxitud de la regulación en el futuro”.

Se ponen así de manifiesto los peligros evidentes de la gestión privada del agua, que acaecen, como se ve, no sólo por las especiales características del agua en conjunción con la sed de beneficio de las empresas privadas, sino también por la falta de seriedad, ineficacia y corrupción de algunos gestores municipales que se dejan subyugar por la fama y el brillo de la gestión privada. Tras este corto periplo por los modelos público y privado de gestión se pueden avanzar algunas conclusiones útiles para desenredar esta madeja enrevesada de las relaciones de lo público con lo privado en la gestión de los servicios esenciales para la población.

Entre lo público y lo privado

Se puede afirmar que la existencia fehaciente de malos sistemas de gestión pública demuestra la presencia real de “fallos de Administración”, es decir, de procedimientos y de comportamientos que no satisfacen las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, la constatación de que también existen numerosos casos de gestión pública exitosa debería hacer que reconsideráramos si esos fallos son inherentes a todo sistema público de gestión, o simplemente pertenecen a los mal gestionados por las correspondientes autoridades políticas. Pero este razonamiento resulta improcedente aplicado a los servicios privados. Éstos también poseen sus “fallos de mercado”, los propios a la prestación de servicios públicos que, como el del agua, están sujetos a economías de escala y que, por tal razón, tienden automáticamente a generar monopolios que limitan la competencia, y por tanto, las pretendidas bondades del mercado para ofrecer eficiencia y precios baratos; por no hablar de la falta de incentivos en la iniciativa privada para ofrecer equidad y para satisfacer las necesidades básicas de la población. Pero la diferencia entre ambos “fallos” resulta clara: los de Administración no son inherentes a toda gestión pública, sino sólo de las improcedentes; en cambio, los de la gestión privada sí son intrínsecos a sus motivaciones por ahorrar costes y conseguir el máximo beneficio, y ya fueron puestos de manifiesto por casi todos los teóricos del libre mercado cuando analizaron la gestión de los bienes públicos.

Si surtidos de este pequeño bagaje teórico pasamos a analizar los sistemas privados de gestión de las aguas que realmente funcionan en el mundo y ofrecen buenos servicios a los ciudadanos, se constata que ello se produce porque el ente regulador realiza bien su tarea, estableciendo unas reglas de juego en cuya órbita el empresario realiza una adecuada gestión del bien público, evitando los “fallos de mercado” provocados siempre por una liberalización total o precaria del servicio. Así, y esta es una conclusión importante, no existe proceso de privatización que funcione, en el entorno de los recursos hídricos, sin que la Administración realice bien su tarea estableciendo normas, reglas y controles adecuados al fin público propio de dicho servicio. Jamás una empresa privada gestionará bien el agua si el contrapeso público no realiza correctamente su tarea.

Para resolver esta paradoja resulta necesario comprender el papel que cada uno de estos actores, público y privado, puede jugar en la definición del servicio de abastecimiento de agua. Porque nos servimos de los conceptos de servicio razonable, eficiente, equitativo o justo para poder ser capaces de valorar el buen o el mal funcionamiento de estos servicios, hemos previamente de delimitar con claridad qué entendemos por gestión correcta. Y debería resultar evidente que los objetivos sobre la política tarifaria, sobre los niveles de calidad, o el acceso más o menos universal al servicio, caen dentro de las labores propias del estamento público y de la participación ciudadana, en suma, de los receptores de un servicio cuya satisfacción va más allá de la capacidad de compra de sus potenciales consumidores, porque forma parte inexorable de la satisfacción de los derechos fundamentales a la vida o a la salud. A partir de este momento, y no antes, necesitaremos resolver la componente instrumental del servicio, y habremos de indagar sobre las alternativas de gestión, qué herramientas utilizar para cumplir con un servicio cuyos objetivos han sido ya definidos por los responsables municipales. Y será en esta fase cuando, en función de las condiciones socioeconómicas propias del momento y del lugar, intentaremos coordinar y concertar la acción pública y la privada con objeto de dar cumplida cuenta del servicio, lo cual exigirá controlar la gestión con índices valorativos del grado de satisfacción y regular la posible incorporación de la iniciativa privada evitando el peligro siempre latente de los “fallos de mercado”.

El reto de la privatización del agua

En el momento histórico presente se manifiesta, con especial virulencia, este falso dilema entre la gestión pública y privada del agua urbana. En especial, en las pretensiones privatizadoras de la Unión Europea, de los Estados Unidos y de las grandes instituciones crediticias y de desarrollo internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, sobre todo) que sin las debidas garantías de control y de regulación públicas alientan la liberalización de la gestión del agua en contra del bienestar del conjunto de la ciudadanía y únicamente a favor de aquellos colectivos de alto poder adquisitivo que por padecer ineficaces sistemas públicos presionan por una privatización que sólo a ellos beneficiaría, ya que sólo ellos estarían capacitados para pagar el más elevado coste del agua privatizada.

Pero insistamos en la pregunta que nos hacíamos al principio del texto: ¿por qué ahora desde el Banco Mundial, la Unión Europea y la Organización Mundial de Comercio (OMC) se desata esta campaña tan intensa por privatizar el agua? A las causas mencionadas previamente quizás debamos añadir alguna más para comprender esta involución hacia la que se dirigen aceleradamente los servicios públicos. Más de mil millones de personas no poseen actualmente acceso al agua potable. Desde la Conferencia del Mar del Plata en 1977, donde se activó el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1981-1990), hasta el reciente Foro Mundial del Agua celebrado en Kyoto (Japón, 2003), este problema se ha agravado, a pesar de las numerosas conferencias y congresos internacionales celebrados, entre ambos eventos, con el propósito de revertir la tendencia. Ese “hastío del desarrollo” parece también impregnar los intentos históricos por lograr, desde las agencias de cooperación y desarrollo, y por parte de los Estados, un nivel adecuado de bienestar hídrico para sus ciudadanos. Las empresas privadas, atraídas por ese mercado de más de mil millones de personas necesitadas de agua, ofrecen ahora su disponibilidad y buen hacer en el camino hacia el acceso universal al agua potable y a los servicios de saneamiento. Por otra parte, los sistemas ya consolidados en los países europeos, en Norteamérica o Japón, ofrecen un atractivo especial a las empresas privadas, por dos motivos, principalmente: las grandes inversiones se realizaron con dinero público y la demanda de agua, por ser un bien necesario y esencial, la tienen garantizada. Este mercado, por tanto, se constituye en una fuente de seguridad importante para todas estas multinacionales que poseen otros sectores de actividad inciertos y a los que se pueden lanzar utilizando la financiación y la certeza de sus operaciones en el sector del agua. Este ha sido el caso, por ejemplo, de Vivendi Universal y Suez-Lyonnaise, que juntas controlan más del 70% de los servicios de aguas privatizados y que utilizan sus ingentes beneficios en este sector para asegurar otras inversiones de mucho mayor riesgo.

Por estos motivos la OMC viene insistiendo reiteradamente y de forma acelerada en la liberalización global de los servicios públicos del agua, intentando reactivar desde finales de marzo el llamado Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS)[11]. Como ya intentara con el Acuerdo Multilateral de Inversiones, la OMC pretende nuevamente, de espaldas a la ciudadanía, aprobar (antes de 2005) unas medidas dirigidas a transformar los servicios públicos en nueva fuente de negocio, lo cual, caso de llevarse a cabo según sus actuales propuestas, repercutiría muy negativamente en el control que los ciudadanos poseen sobre sus recursos naturales, en el ejercicio efectivo de los derechos humanos y en la satisfacción de sus necesidades básicas de agua por medio de una gestión llevada a cabo con eficiencia y equidad.

Nada impide, en principio, que la iniciativa privada contribuya a la gestión del agua, pero jamás este servicio a la ciudadanía podrá realizarse correctamente si el sector público no sabe jugar sabiamente sus bazas de control y de regulación. Pretender, como desea la OMC, que este servicio público se liberalice y que empresas privadas lo gestionen con reducidos controles políticos, supone un desacato a las personas. La ciudad brasileña de Porto Alegre resulta emblemática no sólo por su Foro Social organizado contra la globalización capitalista, sino por poseer un sistema público de gestión del agua que también se erige en ejemplo de cómo una ciudadanía se puede dotar de elementos de participación y de gestión de gran eficiencia y de universal acceso[12].

Si se ha llegado a este punto de inflexión entre lo público y lo privado en la gestión del agua no ha sido por ley inexorable del desarrollo económico de corte liberal, cada vez más interesado en mercantilizar todos los aspectos de la vida social, sino porque los poderes públicos han permitido que un bien como el agua, público en la mayoría de las legislaciones, fuera deteriorándose por dejación de sus funciones de protección. La actual situación resulta ejemplar por dos razones que se influyen mutuamente y que refuerzan el paso de los público a lo privado. La primera, reside en los bajos niveles de democracia existentes, aún hoy, en los sistemas públicos de gestión, controlados por burócratas y lobbies privados que ofrecen muy pocos espacios para la participación ciudadana en sus decisiones. La segunda, el halo de eficacia que todavía ofrece, a pesar de los últimos escándalos, la empresa privada como ejemplo de seriedad y de gestión saludable hacia el consumidor y el cliente. La crítica que hemos de realizar a la liberalización de los servicios públicos del agua no nos debe arrojar ingenuamente, y de nuevo, a los poco democráticos, corruptibles y tecnocráticos sistemas hasta hoy prevalecientes en muchos casos. El actual declive de lo público, y consiguiente aprecio de lo mercantil, debe hacernos reflexionar sobre las formas políticas presuntamente democráticas que hasta ahora han gestionado los servicios públicos. Lo público debe volver a sus manos originales. Los ciudadanos, y no los clientes ni los tecnócratas, debemos tomar las riendas de la gestión del agua para no caer en los errores que hoy empujan a tanta gente a creer en la liberalización como solución de sus problemas.

[1] World Water Assessment Programme. Agua para todos, agua para la vida. Informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. UNESCO: París, 2003. En http://www.unesco.org/water/wwap.

[2] Puede consultarse el libro de R. Petrella. El manifiesto del agua. Icaria y Oxfam-Intermón, 2002, donde se analizan en detalle tanto los procesos de generación de escasez y conflicto alrededor del agua, como los intentos de privatización y sus consecuencias sobre el bienestar y el medio ambiente.

[3] La escritora bengalí Arundhaty Roy, nos cuenta en su libro El álgebra de la justicia infinita (Anagrama, 2002) cómo en la India las decisiones públicas en torno al agua (construcción de grandes presas) y a la agricultura intensiva de regadío, lejos de incrementar el bienestar de la gente y de eliminar el hambre, están provocando mayores desigualdades y pobreza. “El 40% de las grandes presas que se construyen en el mundo están en la India. Y, sin embargo, doscientos cincuenta millones de personas, una cuarta parte de nuestra población, carecen de agua potable  (…) Esta situación nueva altera por completo los modelos de cultivos de las zonas de riego. En vez de plantar aquello que necesitan para comer, los agricultores empiezan a cultivar productos que puedan vender. Y, al pasar a depender del “mercado”, dejan de ser los que controlan su manera de vivir. Así pues, por desgracia, se diría que, sin bien la India ha progresado, sus habitantes no. Los indios somos demasiado pobres para comprar los alimentos que produce nuestro país. Y los indios nos vemos forzados a producir alimentos que no podemos comer porque no los podemos pagar”.

[4] Como afirma D. Hall, “la pertenencia al sector público no es en sí ninguna causa de ineficiencia ni una base inferior para suministrar agua y servicios sanitarios. La gran mayoría de la población de los países desarrollados, incluidos Estados Unidos, los países de Europa y Japón, recibe el agua de empresas del sector público” (El agua en manos públicas. PSIRU, Universidad de Greenwich, 2001).

[5] El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ofrece abundante información sobre el uso del agua y los problemas derivados de su gestión: freshwater.unep.net

[6] Consúltese el informe Water privatization fiascos: broken promises and social turmoil, donde la U.S. Network to Keep Water As a Public Trust (2003) analiza siete casos de envergadura donde la gestión privada del agua ha resultado un fracaso: Buenos Aires, Atlanta, Manila, Cochabamba, Jakarta, Nelspruit (Sudáfrica) y Reino Unido. Puede obtenerse en: http://www.citizen.org/cmep.

[7] P. H. Gleick, G. Wolff, E. L. Chalecki y R. Reyes. The new economy of water. The risks and benefits of globalization and privatization of fresh water. Pacific Institute, 2002 (www.pacinst.org)

[8] Public Services International Research Unit, Universidad de Greenwich, http://www.psiru.org.

[9] D. Hall. El agua en manos públicas. PSIRU, Universidad de Greenwich, 2001.

[10] S. Rose-Ackerman. The political economy of corruption: causes and consequences. World Bank Public Policy for the Private Sector Note Nº 74, Washington DC, The World Bank, 1996.

[11] El AGCS puede consultarse en http://www.wto.org. Resultan de interés: G. Honty. El AGCS: una ventana abierta al abismo, en http://www.globalizacion.org/articulos/HontyGATS.htm. F. Esteve. El AGCS. En Fundación CIDOB, http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/francina.html. S. Sinclair. GATS: How the WTO’s new “services” negotiations threaten democracy. En http://www.wtoaction.org.

[12] D. Hall, E. Lobina, O. M. Viero y H. Maltz. Water in Porto Alegre, Brazil: accountable, effective, sustainable and democratic. A PSIRU and DMAE paper for WSSD Joburg, august 2002. En http://www.psiru.org.

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