Trabajo


Comprendo que la sociedad demande trabajo y que el derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente, se enarbole por los que no lo encuentran. Porque la seguridad sanitaria y personal dependen casi exclusivamente del salario. Así está organizada la economía del Estado liberal de derecho. El conflicto social en torno al trabajo, y que una crisis como la actual agrava, se debate en torno a la necesidad de crear suficientes puestos de trabajo y que el reparto de la riqueza se haga de la forma más equitativa posible. He empleado términos verbales impersonales porque de hecho así operan la creación y el reparto en el imaginario de las personas, como una especie de ingenio social anónimo que no se sabe muy bien cómo fabrica asalariados que en virtud de no sé tampoco muy bien qué precario equilibrio entre políticas  neo-liberales o social-demócratas, alcanza un determinado nivel de reparto de la renta entre la minoría que contrata y aquellos que trabajan por cuenta ajena.

Que el derecho al trabajo esté reconocido no significa que esté garantizado. A menos que el Estado se convirtiera en empresario universal. La existencia de ese derecho más bien sirve para, entre otros títulos, poder legitimar la acción del Estado cuando interviene en el funcionamiento de la economía, que sobre todo aspira a que el gran contratante reciba con garantía y seguridad una remuneración adecuada al capital que invierte. Cuando los sindicatos exigen trabajo, realmente reconocen este papel del gobierno para que la economía capitalista funcione adecuadamente y que beneficie al empresario ante todo, ya que de ninguna otra forma se van a poder mantener los puestos de trabajo que defienden con su actividad reivindicativa.

Resulta un tanto grotesco que el esclavo defienda con tanta vehemencia a su amo. Realmente el grado de explotación difiere entre los asalariados –y entre los autónomos subcontratados a destajo-, y el refinamiento jurídico sobre el que se sustenta el capitalismo posfordista difiere de la brutalidad esclavista. Pero cuando una persona o un sindicato demandan políticamente trabajo, como un derecho, asistimos a una comedia que el buen gusto político estima muy seria y necesaria para garantizar la justicia social, aun cuando sólo sirva para repartir los papeles de un debate político cuya principal virtud consiste en hurtarnos la realidad.

Creo en el trabajo libre, pero no en el derecho al trabajo. Desgraciadamente, la figura del parado se parece demasiado a la del esclavo manumitido del pasado, jurídicamente libre, pero dependiente. Entiendo que nuestras demandas en torno al trabajo deberían dirigirse fundamentalmente a lograr que la mayor parte de las personas trabajáramos cooperativamente con objeto de conseguir bienestar y seguridad vital, que el empresario que controla y manda no fuera necesario, y que el trabajo nos lo diéramos nosotros mismos sin necesidad de mendigarlo contractualmente o demandarlo políticamente. Y que este proceso debe derribar el fetiche del Estado pretendidamente garantista. ¿Utopía? No mayor que la de confiar en que el actual estado de las cosas nos vaya a poder garantizar a todos el trabajo asalariado justamente remunerado, una contradicción en sus propios términos.

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