Todas las memorias son historia. Y somos herederos de nuestra historia. La historia se construye con los archivos, los testimonios, las interpretaciones. La historia es una narración sobre lo que nos ocurrió. Pero la historia también se convierte en mito, como en la Grecia antigua y en tantas historias contadas oralmente en casi todas las culturas. La historia forma parte de nuestra identidad, porque son los fragmentos dispersos que nos contamos de nuestro pasado, ya sea para imitarlo o repudiarlo, el puzle sobre el que construimos nuestro futuro.
Cada persona tiene su memoria, pero también cada sociedad, un compendio de narraciones sobre lo que ocurrió, la historia sobre cómo nos convertimos en lo que somos. Cada historia está sujeta a interpretaciones. Sobre un fondo de verdades, diferentes formas de valorar éticamente lo ocurrido, de justificar o denigrar determinados hechos o acciones, de comprender, desde diversos lugares, por qué una sociedad se ha convertido en lo que es. Por tanto, y cuanto más cercana está la historia o la memoria, en más política se convierte, porque la historia reciente podrá aparecer como un elemento de conflicto y comprensión acerca del presente.
Hace ya casi un siglo que ocurrió la Guerra Civil española. Ningún español de hoy tiene ninguna responsabilidad sobre aquello. Sí habrá, en cambio, familias o patrimonios o situaciones de poder de las que hoy disfrutan o carecen determinadas personas que se encuentran influidas, tanto por aquella guerra, como por la Dictadura subsiguiente. Pero no existe nadie que posea una responsabilidad o que haya sido actor de aquellos hechos de guerra. Incluso de la Dictadura posterior, que acabó hace ya 50 años con la muerte de Franco, tampoco queda casi nadie vivo que haya tenido responsabilidad en ella. Por tanto, lo que se diga sobre la Guerra Civil y sobre la Dictadura no supone un ataque contra nadie vivo, porque ya nadie es responsable de aquello. Sí los padres, los abuelos o los bisabuelos ya muertos, pero ya ninguno de nosotros.
Soy de la opinión de que la historia se debería enseñar al revés. Es decir, que desde el hoy deberíamos retroceder hacia el ayer. O por lo menos, que ese ejercicio de comprensión retrógrada debería ser parte de la enseñanza de la historia. Las narraciones escolares las comenzamos en el paleolítico, y cuando se acerca el siglo XX, ya los alumnos y los profesores están exhaustos, con el tiempo ya consumido, y lo que es más importante, sin ganas de contar hechos que tienen una influencia más palpable sobre las cosas que están ocurriendo hoy en nuestra sociedad.
Pongo un ejemplo. Se cuenta la historia de América a partir de la llegada de sus primeros pobladores desde Asia, y más tarde, cronológicamente, la de los españoles. Y algunos discursos políticos actuales acerca de la situación de sus países consideran que la pobreza y marginación de sus comunidades indígenas procede directamente de la injusta colonización española. Pero si su historia la hubiesen contado al revés, habrían detectado que el poder de sus élites burguesas independentistas se asentó sobre el exterminio y la explotación de esos mismos indígenas, situación que se agravó durante los siguientes 200 años de independencia. Y quizás este ejercicio de comprensión sería más útil a la hora de enfrentar la situación de injusticia y marginación y pobreza que todavía padecen tantas personas en sus países. En lugar de considerar la historia como la causa primera de la situación actual, considerar que somos nosotros, las personas de hoy, los máximos responsables de ello. Quizás fuera más rentable, en vez de solicitar el perdón a los españoles de hoy, que no tenemos ninguna responsabilidad en lo que ocurrió, pedirnos que les ayudemos a superar las consecuencias de ese pasado con el objetivo de hacer hoy justicia.
Por ello, muchas personas no acabamos de comprender que algunos españoles se sientan amenazados o injuriados cuando se cuenta la verdadera historia de la Guerra Civil y de la posterior Dictadura. Es verdad, que todavía hay personas que se enfadan porque la historia describa hoy al Cid Campeador más cómo un mercenario y corredor de fortuna que como un héroe nacional. Entiendo, por tanto, que todavía haya más personas que se sientan ofendidas cuando los historiadores narran con objetividad y datos quiénes eran los que provocaron la Guerra Civil y qué hicieron determinadas personas durante la Dictadura.
¿Quién puede ofenderse por la historia? Pues el mismo tipo de persona que se ofende, por ejemplo, por el Cambio Climático, o incluso, en el extremo, por la redondez de la Tierra. Las personas queremos mirar hacia el futuro, queremos evolucionar, mejorar, tanto individualmente como socialmente. Pero hay gente que desea un futuro explicado gracias a una determinada interpretación del pasado, porque desea también justificar su propio estado actual en la historia reciente. Y claro, cuando la narración histórica se tuerce hacia derroteros alejados de aquellas interpretaciones o justificaciones, encuentran que su futuro deseado o incluso su presente, no lo pueden explicar, que tienen que buscar en la mentira , el olvido o la tergiversación el fundamento de su ideología o actitud. ¿Por qué hay personas que niegan el Cambio Climático, por ejemplo, cuando toda la comunidad científica lo confirma? Pues porque prefieren la ceguera, porque no desean asumir su responsabilidad, porque se sienten perdedores de las políticas que vayan a realizar para enfrentar el Cambio Climático. Porque el Business as usual – hacer lo de siempre sin cambiar – a ellos les resulta más rentable, en contra del resto de la sociedad y de sus propios hijos.
En relación con la reciente historia española ocurre lo mismo, se prefiere la ceguera o las falsedades, con el pretexto de que aquella interpretación errónea de los hechos resulta favorable a sus intereses actuales y al futuro que desean construir. Porque no existe ninguna otra justificación que avale estar en contra y considerar un agravio, la labor arqueológica que hay que realizar en nuestro país en relación con las fosas existentes de asesinados durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura.
Una de las explicaciones más relevantes que las personas encontramos para desear una democracia, se encuentra en la historia, en que creemos que las democracias pueden extirpar muchas de las injusticias que hemos visto en la historia de los pueblos, y en especial, en la reciente historia de Europa en relación con las Dictaduras fascistas y comunistas. Pero hay personas en nuestro país que justifican la Dictadura, por ejemplo, en que fue imprescindible para la existencia de la democracia actual española, que el reguero de sangre que constituyó la Guerra Civil y la posterior represión fascista de la Dictadura, fue necesaria para extirpar de España todos aquellos individuos y tendencias políticas peligrosas, que hizo posible que la Iglesia y los grandes patrimonios sirvieran para darle estabilidad a esta democracia que hoy disfrutamos. Quizás también piensen que los millones de muertos que provocó la Segunda Guerra Mundial fue imprescindible para que hoy Alemania tenga una democracia.
Consideran estas personas que la Guerra Civil fue un acto defensivo de los propietarios, la Iglesia, los militares, que comprobaban cómo nuestro país se dirigía hacia una dictadura comunista. Pero sólo tenemos datos de lo que ha sido, y nada sabemos sobre lo que podría haber ocurrido. No sabemos en qué se habría convertido España si no hubiera habido una sublevación militar. Las variables son tantas, tantas las voluntades en juego, que resulta inapropiado justificar un hecho concreto y real del pasado en base a las incógnitas del futuro, sobre todo, justificar el asesinato preventivo, es decir, condenar y asesinar a personas no por lo que hacen, sino por lo que podrían haber hecho.
La instauración de una democracia es un acto de poder contra un pasado. Siempre ha sido así. Los defensores de las democracias siempre la han justificado por su lucha contra las tiranías existentes antes de su instauración. La democracia siempre ha sido un acto de fuerza contra el absolutismo, el autoritarismo o la dictadura. Por tanto, la democracia también se justifica porque desea arrojar luz sobre un pasado que se considera ominoso. La democracia aparece para extirparlo, y un elemento fundamental en esta labor democratizadora consiste en el conocimiento histórico y en la dignificación de todas aquellas personas y colectivos que fueron injustamente tratados por los absolutismos, autoritarismos y dictaduras que la precedieron, por dignificar a las víctimas, sean del color que fueran.
Quien no desee realizar este trabajo de reconocimiento de la historia no podrá llamarse demócrata, porque siempre albergará en su interior la idea de que la dictadura y el autoritarismo resultan necesarios en determinadas circunstancias para defender unos valores que ellos consideran superiores a los de una democracia. Serán potenciales receptores de que un alzamiento o una sublevación o un golpe de timón autoritario resulta imprescindible para instaurar un orden que curiosamente, es a ellos a los que más va a beneficiar.
Por esta razón, la democracia española necesita imperiosamente exhumar todos los restos de las personas asesinadas, e intentar explicar qué ocurrió en cada caso concreto. No por rencor, ni por odio, sino porque esta democracia se funda en la negación del fascismo, porque su instauración, a pesar de haberse producido por obra de una transición nada ejemplar, debe siempre justificarse, entre otras muchas razones, por su lucha permanente contra el autoritarismo, contra sus injusticias y arbitrariedades. Evidentemente, nuestras democracias no son perfectas, pero el espejo en el que mirar su valor es en el de las dictaduras que la precedieron.
En el año 2013 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizó una visita a España, organización que “ha instado reiteradamente al Estado español a investigar las desapariciones forzadas de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), localizar y exhumar las fosas comunes, y garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las familias”. Aquí puede verse el informe que se elaboró tras esta visita, contundente al respecto. Porque todavía existen en España más de 100.000 desparecidos, uno de los países del mundo donde más personas existen enterradas en fosas comunes sin identificar. La respuesta entonces del Gobierno de Rajoy fue expresar su malestar ante la ONU, manifestando que esos eran hechos del pasado sin ninguna influencia en el presente.
Se echa en falta en España informes como el que Ernesto Sábato redactó en el año 1983 sobre la dictadura argentina, Nunca Más, una referencia absoluta sobre las violaciones de derechos humanos en aquel país. La Dictadura franquista pretendió hacer lo mismo en lo que se ha denominado la Causa General instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España, en la que recopiló información sobre los asesinatos que se realizaron en la zona republicana, un documento que sirvió para la represión y para justificar la ideología autoritaria del franquismo, más que para dignificar y explicar con veracidad lo realmente ocurrido en España. Nuestro país necesita una Causa General instruida por la democracia sobre la dictadura franquista. Porque quien hoy en día se sienta herido o injuriado por este tipo de documentos, lo será por no ser un demócrata y porque para justificarse como ciudadano necesite ocultar algo de un pasado del que se siente cómplice.
El Gobierno español presidido por Pedro Sánchez, en el año 2022 intentó dar cumplimiento a la petición de la ONU, aprobando la Ley de Memoria Democrática, pero con importantes lagunas, sobre todo en relación con el impulso que el Estado debería darle al conocimiento, reparación y exhumación de cadáveres. Todavía deben ser los familiares los que impulsen las identificaciones o las reparaciones judiciales o históricas. Y los presupuestos estatales dedicados a estos trabajos son realmente exiguos. Debería ser el Estado el responsable de realizar una campaña exhaustiva de exhumaciones e identificaciones, de realizar informes veraces sobre los asesinatos e impulsar por iniciativa propia y con rapidez, la reparación y la dignificación de las víctimas. En el año 2014 el juez Garzón estimaba la cifra de desaparecidos en 114.000 personas. Hasta la fecha tan sólo se han recuperado 17.000 cuerpos, pero únicamente 700 han podido ser identificados. La tarea resulta ingente, tanto por la dignidad de nuestra democracia, como por el respeto y reconocimiento que un Estado democrático debe manifestar hacia las víctimas y sus familiares.
Porque las dictaduras se fundan sobre la mentira, una de sus mayores tareas ha consistido en interpretar la ciencia y la historia a su conveniencia, de legitimarse en una memoria contada a su imagen. Y quien en un Estado mira hacia otro lado cuando agreden a una mujer por serlo, o cuando se intenta reparar a una víctima, no merece el nombre de demócrata. Y lo digo hoy, a una semana de las elecciones generales, a la vista de que hay ciertos partidos que incluyen en su programa electoral derogar la Ley de Memoria Democrática, partidos que gobiernan en Comunidades Autónomas en las que se está incumpliendo esta ley.


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