EL PLAN INVISIBLE

En el año 2000 se tramitó en el Consejo Nacional del Agua el segundo Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico Nacional. El primer intento data de 1993 y nunca fue aprobado. En ambos casos se incluía el polémico trasvase del Ebro, del que todavía no se ha iniciado afortunadamente ninguna obra. El 11 de septiembre publiqué en el periódico EL CORREO ESPAÑOL del País Vasco el artículo de opinión titulado “El plan invisible”, en el que criticaba el proyecto de plan por no haber sabido incorporar las obligaciones y criterios que marca la Ley de Aguas.

También puede consultarse: “El agua fugitiva”.

 

El plan invisible

En España las aguas se han utilizado durante siglos y sin embargo, nunca ha existido un Plan Hidrológico Nacional. Durante los años de la dictadura franquista existieron diversos planes de infraestructuras hidráulicas orientados más a programar la construcción de presas y trasvases que a gestionar de forma integral y eficiente el recurso hídrico. Pero es sólo a partir de la aprobación de la Ley de Aguas en agosto de 1985, cuando se obliga a que los recursos hídricos se gestionen de acuerdo con un proceso planificador que se concreta en los Planes Hidrológicos de Cuenca y en el propio Plan Hidrológico Nacional (PHN). Los primeros ya han sido aprobados, durante estos días se asiste al debate de este último en el Consejo Nacional del Agua, previa su tramitación parlamentaria como Ley del Estado.

Se entiende que el PHN tendría que poner orden en la forma, un tanto anárquica y desorganizada, en que se han gestionado históricamente las aguas en nuestro país, y sobre todo, hacer que el reparto de los recursos hídricos se realice de acuerdo con los principios que la Constitución española establece para ello: solidaridad colectiva, uso racional y eficiente, derecho a disfrutar del medio ambiente y deber de protegerlo.

Por estas razones, la planificación hidrológica tiene como principal misión racionalizar la gestión del agua y facilitar la toma de decisiones acerca de qué tipo de actuaciones han de acometerse en los próximos años para, entre otras cosas, satisfacer las demandas y proteger el medio ambiente. Con la singularidad de que la demanda de agua en nuestro país no se establece en relación con un precio de mercado, sino que es la propia Administración hidráulica la que la define, por ser ella el órgano encargado de gestionar el dominio público hidráulico. Por tanto, el PHN no sólo establecerá los criterios para gestionar la oferta de agua, sino que también debería contener los principios para gestionar su demanda y para disponer de un agua de calidad adecuada, tanto en los cauces y acuíferos, como en los diferentes usos. Pero, ¿responde el actual proyecto de PHN a esta nuevas necesidades? ¿Pueden los ciudadanos confiar en que el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado un PHN que con cierta seguridad vaya a solucionar los graves problemas del agua en nuestro país?.

Si se estudia la documentación que sustenta y explica el articulado de la Ley del PHN se observa que el único objetivo que ha guiado la planificación ha sido el de definir qué presas y trasvases se deberán construir en los próximos años para satisfacer unas demandas que, ni en su cuantía, ni en su distribución territorial y temporal, se han estudiado con el detalle que merecían las actuales circunstancias, y en particular, los aprovechamientos históricos, el régimen concesional existente y las demandas ambientales. Querer apoyar todo un PHN en el escaso conocimiento que se posee del régimen actual de utilización del recurso, con insuficiente información de las necesidades ambientales y con la única finalidad de definir obras, no parece que sea el espíritu ni de la actual Ley de Aguas, ni de su reciente reforma de 1999.

El ejercicio de planificación que estos días se nos presenta se decanta nuevamente por la construcción de presas y trasvases, y margina en gran medida otras importantes herramientas de gestión del recurso hídrico que en la situación actual de sobreexplotación estarían llamadas a jugar un relevante papel en la superación del presente estado de “escasez o déficit hídrico”: régimen económico y financiero, ordenación de vertidos contaminantes, protección del dominio público hidráulico, alteración del régimen concesional, aplicación del régimen sancionador, etc. En resumen, ni la sociedad, ni el Consejo Nacional del Agua, ni el órgano ambiental encargado en su día de realizar las evaluaciones de impacto ambiental de las obras incluidas en el PHN, se merecen que sólo se les pida su opinión, su voto o su dictamen sobre un listado de infraestructuras cerrado y ya definido por técnicos, sino que la decisión sobre cómo gestionar las aguas debería haber recaído efectivamente en estos órganos a partir de un conjunto coherente de alternativas, entre las que se elegirían aquellas que mejor representasen las aspiraciones de la sociedad y que mejor cumplieran los principios constitucionales ya aludidos.

El gran reto que debe asumir la gestión del agua en nuestro país no es ya el de construir infraestructura hidráulica, sino el de dotarse de una Administración hidráulica moderna que utilice el recurso hídrico de forma eficiente y eficaz atendiendo a los múltiples objetivos sociales, económicos y ambientales a los que el agua sirve. Seguir construyendo sin incidir en el marco institucional en el que se definen las decisiones sobre cómo se utiliza el recurso hídrico agravará los problemas en el futuro. Por ejemplo, con el trasvase Tajo-Segura no se han conseguido trasvasar, en más de 20 años de funcionamiento, más del 50% del caudal previsto, ni ha servido para disminuir los déficits de la cuenca del Segura, ya que como consecuencia de las exageradas expectativas suscitadas por el trasvase y por la poco previsora gestión administrativa del recurso, la superficie de riego autorizada e ilegal creció muy por encima de lo previsto inicialmente. Los nuevos mil millones de metros cúbicos que se piensan derivar desde el Ebro agravarán los problemas del agua, tanto en las cuencas exportadoras como en las importadoras, mientras la Administración hidráulica siga siendo incapaz de hacer cumplir la legalidad vigente y los nuevos retos que plantea la nueva Directiva Marco de las Aguas de la Unión Europea.

La utilización racional y sostenible del agua exige que haya una gestión eficiente y limitadora de las demandas. El plan que ahora se presenta vuelve a plantear crecimientos exponenciales de la oferta de agua y olvida que el recurso hídrico es limitado y cada vez más caro de almacenar, extraer y transportar hasta los usuarios. De nuevo nos enfrentamos a un plan que como Armilla, la ciudad invisible e imaginaria que Italo Calvino soñara, se levanta sin muros, sin paredes ni cimientos, tan sólo con tuberías y grifos suspendidos en el aire. Se diría que en el PHN “los fontaneros terminaron su trabajo y se fueron antes de que llegaran los albañiles”.

 

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El plan invisible by Rui Valdivia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

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