CRISIS, RESCATE Y AJUSTE

Me llama la atención la escasa originalidad con que se está abordando la salida de la crisis económica que padece nuestro país. Recuerdo la “crisis de la deuda” de los años 80 del pasado siglo, y los Planes de Ajuste Estructural que las instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) impusieron a los países deudores del Tercer Mundo, y advierto una clara correlación con lo que se ha llamado las condiciones para el rescate de la economía española ante la presente crisis, también en esta ocasión emparentada con el problema de la deuda.

Hagamos un poco de historia e intentemos relacionar aquellos hechos con los presentes, alterando protagonistas y algunos vocablos. Durante los años 70 del siglo XX numerosos países recién descolonizados necesitaban invertir con el objetivo de impulsar el desarrollo económico. La banca privada internacional fue la que proveyó estos fondos, a unos tipos de interés muy bajos y con escasas garantías respecto a la real productividad de este dinero. Pensemos que tras el optimismo desencadenado por el éxito de las luchas anticoloniales, el Gobierno de Estados Unidos emprendió una cruzada internacional por conseguir que los Gobiernos populares vencedores fuesen depuestos por dictadores al servicio de los intereses norteamericanos. Fueron estos regímenes corruptos los que solicitaron estos créditos, que sirvieron, sobre todo, para financiar el consumo de lujo, las infraestructuras y construcciones faraónicas, el armamento y sus propias cuentas en paraísos fiscales, y no las bases de una economía sana, eficiente y productiva.

En 1973 la OPEP desató la primera crisis del petróleo, los precios se elevaron y el mercado financiero se saturó de petrodólares, las rentas del petróleo que los jeques árabes colocaban en los bancos comerciales occidentales. La financiación del “desarrollo”, por tanto, encontró así un gran aliado, ya que fueron esas remesas excedentarias las que los bancos privados occidentales colocaron a bajo interés y con reducido control en aquellos países con aspiraciones de crecimiento económico. Todo parecía rodar a las mil maravillas, hasta que en 1979 se desató otro incremento espectacular del precio del petróleo, y por tanto, de la factura petrolífera de todos los países, lo que provocó el descenso vertiginoso de las exportaciones del Sur hacia los países desarrollados, que en conjunción con el progresivo abaratamiento del precio de las materias primas exportadas por los países deudores, provocaría la “crisis de la deuda” del año 1982, cuando primero México, y después en cascada multitud de otros países, declaren la imposibilidad de pagar el servicio de la deuda.

Cuando un deudor no satisface su deuda, realmente el problema lo posee el acreedor. Si el deudor en bancarrota es un individuo, la justicia y la policía realizan su trabajo con probidad y en general, el banco consigue recuperar  su crédito. No resulta tan sencillo cuando son muchos los individuos, y sobre todo, cuando todo un país se declara en quiebra. En estos casos, la devolución del crédito y de sus intereses resulta más complicada, porque precisa de la complicidad del deudor, que acepte algún tipo de enmienda o corrección en su comportamiento, que garantice que en el futuro inmediato va a poder devolver lo prestado, sobre todo que pagará religiosamente los intereses y por tanto, que podrá obtener nuevos préstamos en contraprestación.

La declarada insolvencia de tantos países del Sur a comienzos de los 80 puso en verdaderos aprietos a los Gobiernos occidentales, y sobre todo, a Estados Unidos, que poseía un déficit fiscal abultadísimo que precisaba financiar y que produjo el incremento de los tipos de interés de la deuda internacional. Por ello, se emplearon todos los instrumentos a su alcance para conseguir un acuerdo global que asegurase otra vez el pago de los servicios de la deuda. Es aquí donde aparecieron dos actores convocados para proponer soluciones, el Secretario del Tesoro Brady, y el Fondo Monetario Internacional, que consiguieron que los países deudores se comprometieran a aplicar lo que se llamó los Planes de Ajuste Estructural, una serie de recetas macroeconómicas que garantizaran la solvencia internacional del país y por tanto, un mínimo saneamiento de sus finanzas con el objetivo prioritario de pagar a los países del Norte.

A estas alturas creo que ya adivinan que la película que acaba de estrenarse del “rescate español” parece un remake de la del “ajuste estructural” de los años 80. Y si no, vean en qué consistían las líneas maestras del ajuste estructural al que se debieron someter estos países deudores del Sur:

• Reducir los gastos estatales con medidas de austeridad.
• Privatización de empresas y servicios públicos.
• Contracción del crédito interior.
• Liberalización del mercado de trabajo y reducción de sueldos.
• Control del déficit fiscal y por tanto, elevación de impuestos indirectos.
• Liberalización del comercio exterior.
• Eliminación de subvenciones y apoyos a la producción.
• Devaluación de la moneda.
• Asegurar la rentabilidad de las inversiones extranjeras.
• Promover la exportación de bienes y servicios.
• Disminución de la demanda interna.

Medidas cuyo objetivo principal no consistían ni consisten ahora en promover el desarrollo y el bienestar de la población del país deudor, sino la devolución a corto plazo de la deuda a los países acreedores. A excepción de la devaluación de la moneda, que el Estado español no puede realizar por permanecer aún bajo el euro, el resto de las medidas de ajuste coinciden con las del rescate de la economía nacional, en este caso, por Alemania y sus bancos.

Desgraciadamente, los efectos que ello tendrá sobre la población española no se encuentra sujeta a especulaciones, conjeturas o pronósticos más o menos fundados, sino que con mirar atrás y comprobar las nefastas repercusiones que tuvieron los ajustes estructurales en las economías menos desarrolladas de los años 80, podremos asegurar lo que se nos viene encima de seguir al pie de la letra las medidas añejas que el rescate de hoy nos propone. Si se analiza retrospectivamente la evolución de los principales indicadores de desarrollo que publica el PNUD, se podrá comprobar que a la par que estos países incrementaban las transferencias contables a los países ricos, paulatinamente su población se hacía más pobre, más enferma y más inculta.

El principal problema que desencadenó la crisis actual, y también la de los años 80, fue que las inversiones no rindieron lo suficiente, y lo más grave, que se emplearon en actividades fraudulentas y no directamente productivas por obra de la corrupción generalizada del sistema político y económico, en connivencia con los acreedores, que sabedores de la situación, ofrecían los préstamos a bajo interés y sin preguntas para solucionar un problema casero propio, el hecho de que en el caso de los 80 los bancos estuvieran inundados de petrodólares, y a comienzos del siglo XXI, la economía alemana del dinero procedente de sus exportaciones.

Alemania posee una balanza de pagos muy excedentaria, consecuencia de varios factores, entre otros, que los salarios alemanes resultan inferiores a la productividad del trabajo y a que su demanda interna es muy reducida. Todo ello ha generado un abultado superávit financiero que el país no ha transformado en créditos internos (que incrementarían la demanda y la inflación), sino inversiones en el extranjero, muchas de ellas a la burbuja inmobiliaria española, a las infraestructuras ineficaces y a la corrupción. La responsabilidad, por tanto, resulta compartida, y en consecuencia, también debería serlo la solución.

Téngase en cuenta que la mayor parte de la deuda española es privada, y sólo el 22% recae sobre el Estado. Una parte importante de aquélla procede de la contraída por las familias españolas durante los últimos años para financiar su consumo y la compra de viviendas. A tal respecto, conviene precisar que no todo ha sido despilfarro y falta de previsión, sino que la deuda privada también ha crecido como consecuencia de la merma paulatina de las rentas del trabajo y del hecho de que muchas familias se hayan tenido que endeudar para mantener lo más estable posible su nivel de vida.

Por otra parte, resulta clamorosa la falta de rigor, por no decir otra cosa, del Estado a la hora de evaluar su política inversora y seleccionar actuaciones que fueran capaces de incrementar la productividad y por tanto, útiles para generar una corriente monetaria que compensara las deudas contraídas. Numerosos colectivos, muchos de ellos ecologistas, pero también profesionales, han clamado durante los últimos años por el despilfarro estatal en autopistas, AVEs, aeropuertos, presas, desaladoras, polígonos industriales, urbanizaciones, megaciudades, etc., que no sólo han destrozado nuestro medio ambiente común, sino que no han generado, como fue anticipado, ningún tipo de riqueza colectiva, y sí personal de aquellos que con cuentagotas empiezan ahora a airearse sus casos de corrupción y de mala gestión.

Estas ostentosas y ruinosas inversiones se han realizado a despecho de otras mucho más eficaces en su objetivo de impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población española. Muchas personas demandábamos en aquella época de lujo y desvarío que ese dinero se empleara mejor y en concreto, en consolidar nuestro precario estado del bienestar, invirtiendo más en educación, investigación, sanidad, cultura, Administración pública, medio ambiente y en verdaderas infraestructuras impulsoras del desarrollo, tanto a nivel de conocimiento, como de información o transportes. Lamentablemente, esto no sólo no fue así, sino que ahora tendremos todavía peores servicios públicos y peor bienestar como consecuencia de aquellas inversiones tan mal evaluadas, porque el pago de aquellas deudas se realizará recortando lo poco que nos queda de nuestro mal llamado estado de bienestar, si se siguen, claro está, las recomendaciones de los planes de ajuste estructural.

Veamos con un poco de detenimiento las medidas de recate, que no son otras que las de ajuste citadas con anterioridad. Componen un cuadro verdaderamente deprimente del que sin duda, a costa de muchas personas, pocas conseguirán pingües beneficios. Son medidas que se denominan con un vocabulario muy específico, y que se explican aludiendo a términos económicos de no fácil comprensión. Pero supongamos que un individuo desee recuperar a toda costa y a corto plazo el dinero que prestó a otro, y que posee suficiente poder o capacidad de persuasión, para obligarle a ello. Pues en primer lugar supervisará el dinero que realmente tiene y sus activos, le obligará a vender algunos para compensarle, y los restantes, le dirá cómo debería utilizarlos: dame todo lo que tienes en los bolsillos, gasta poco y vende mucho. Parece ingenuo, pero realmente esto es lo que propone la banca y la UE para el rescate español.

Si pensamos en nuestro país, pues todas las medidas de rescate están diseñadas para pagar cuanto antes de forma segura, con independencia de lo que pueda ocurrir a medio y largo plazo. Se reducen sueldos y se achica la Administración y el gasto público por varios motivos: para producir más barato, para vender más en el extranjero y compensar el déficit exterior y para disminuir la demanda interna de bienes y servicios. Es decir, se desea que la economía española produzca con el objetivo prioritario de exportar, que personas no españolas consuman nuestros productos y por tanto, que esa producción conseguida más barata compense a los inversores extranjeros. La reducción generalizada de rentas del trabajo no sólo servirá para aminorar costes y hacernos más competitivos (recordemos que no podemos devaluar porque no tenemos moneda propia), sino también para que consumamos menos, ya que la producción debe dirigirse hacia el exterior, y por tanto, para que siga conteniéndose la inflación, el gran  enemigo de la banca y de todos los acreedores. Con este objetivo también se reduce el crédito interno, para acelerar el equilibrio entre una demanda menguante, y la necesaria disminución de la oferta de bienes y de servicios.

Con las privatizaciones, las liberalizaciones de servicios públicos y las facilidades que se ofrecen a los inversores extranjeros no se pretende transformar  nuestro sistema productivo y hacerlo más eficiente, sino que nuestros activos los compren extranjeros para poder con ello pagar la deuda, a pesar de las consecuencias funestas que ello tendrá en el bienestar de la población y también en la productividad futura de la economía española.

El incremento fiscal sobre las rentas del trabajo y la subida del IVA poseen también este objetivo, junto con el de disminuir la renta disponible de los ciudadanos (contracción de la demanda e incentivo a la exportación), conseguir más recaudación con objeto de pagar la deuda. Pero evidentemente se elude incrementar la carga sobre el capital o las rentas altas, porque ello podría impedir que invirtieran para aumentar las exportaciones. Y en conjunción con ello, eliminar o disminuir el gasto en servicios públicos, subvenciones, transferencias de renta, etc. A esto se le llama, contención del déficit con políticas de austeridad, aunque en realidad sea un puro y simple saqueo para pagar. La política económica comunitaria la dirige la usura, que sólo atiende al cobro con independencia de cuál sea la situación en que vaya a quedar el país deudor, como si la política fuera una simple vendetta, un mero ajuste de cuentas. Sin embargo, la Unión Europea debería ser un referente de cooperación, y si uno de sus miembros se arruina, cooperar para que reflote, afrontando en un marco de corresponsabilidad tanto las causas como sus consecuencias.

Pero quizás haya algo original en la crisis de la deuda española, y en su complementario tipo de rescate, y es el papel que juega la banca nacional en todo este despropósito. A diferencia de Grecia, cuya mayor parte de la deuda pública la poseen los bancos alemanes, en cambio, en España, son los bancos nacionales los que mantienen la mayor parte. Por tanto, el Estado español no está endeudado tanto con la banca extranjera, cuanto con la propia, es decir, las mismas instituciones que han provocado la crisis, que han tomado decisiones erróneas y han apoyado proyectos absurdos, por no hablar de conductas delictivas, son las instituciones que ahora le están exigiendo al Gobierno que adopte las medidas del rescate/ajuste para seguir sacando beneficios de la deuda española. Y lo que ya parece aberrante, que esa misma banca española esté comprando emisiones de bonos del tesoro a un interés superior al 4% con el dinero que el Banco Central Europeo les presta al 1%. Como recientemente afirmaba el premio Nobel de Economía J. Stiglitz, resulta absurdo que el Gobierno español esté rescatando a la banca nacional y en paralelo, esta misma banca rescate al Gobierno con la compra de deuda pública.

Pero, ¿alguien se ha preguntado por qué debemos pagar la deuda?

Crisis, rescate y ajuste by Rui Valdivia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.