CONTRA EL GOLPE DE ESTADO

No es que el Estado español, ahora golpeado y a punto del KO fuera una maravilla, pero el proceso de involución que nos amenaza y empuja está transformando nuestro escuálido Estado del Bienestar y de Derecho en una copia modernizada de la dictadura que asoló nuestro país hace ahora casi 40 años. Los nietos e hijos de aquella España rancia, mojigata y autoritaria han encontrado en la crisis y en la coartada de las exigencias internacionales, el caldo de cultivo adecuado para acometer la desintegración de la España democrática que nació de la Constitución de 1978. Que no nos confunda la ausencia de espadones, ni la revuelta en los cuarteles o la inexistencia de alzamiento alguno, porque la demolición controlada con guante de seda y  discreción se está llevando a cabo ante nuestras propias narices.

Aquella Transición que ahora se reivindica fue fruto de un conflicto importante que tuvo como resultado el reacomodo de las élites franquistas y la laminación de la izquierda radical, llámense republicanos, anarquistas o comunistas, junto con la marginación del movimiento asambleario vecinal, católico y de base que tan protagonista había sido en las movilizaciones contra la dictadura a favor de una democracia y un Estado mucho más avanzado, laico, participativo y solidario que el que sustituyó finalmente al Estado franquista. La palabra reacomodo puede parecer suave para definir lo que en realidad ocurrió durante estos últimos cuatro decenios de monarquía constitucional, porque ni hubo juicios contra los autores de delitos de lesa humanidad, ni el expolio económico que realizaron los vencedores y del que se han lucrado y han sacado provecho sus herederos, la casta capitalista de nuestra democracia, fue reintegrada ni al Estado, ni a sus legítimos dueños, el pueblo español. Hasta la Iglesia, que sociológicamente tenía los días contados, gracias a la bondad económica, educativa y mediática de esta democracia que hoy se derrumba, consiguió no sólo sobrevivir, sino también configurarse en la actualidad como una de las coartadas del golpe de Estado que está realizando nuestra clase política.

Y denomino el proceso como golpe de Estado porque activamente se está construyendo otro Estado muy distinto al existente, al margen de las normas vigentes y contra la ciudadanía, a la que ni se le pide opinión, ni mucho menos, participación, en la demolición-constructiva que se está llevando a cabo. No nos engañemos, la alternancia de partidos en el poder tampoco evitaría el proceso, sobradas muestras han dado unos y otros, a lo largo de estos últimos años, tanto en el Gobierno central como autonómico, del objetivo que les anima, a pesar del distinto ropaje con que disfracen sus verdaderos deseos.

La democracia tradicional basa su funcionamiento en el equilibrio de poderes, en encontrar un balance que permita salvaguardar unos derechos ampliamente repartidos entre la ciudadanía. Digamos que la democracia, entendida como la explicó la Ilustración, no aspira a eliminar ningún poder, sino a regular su práctica a través del equilibrio de fuerzas. No critica que deba haber ejército o Iglesia, capitalistas o jueces, sino que frente a cada uno de estos actores poderosos sitúa otros con la intención de alcanzar un determinado equilibrio cuyo logro es medido y valorado por el grado de cumplimiento de los derechos democráticos reconocidos en los textos constitucionales. Este equilibrio es el que los actuales gobernantes del Estado español están destruyendo con el objetivo premeditado de transformar la democracia española en una pura dictadura maquillada por periódicas elecciones de corte plebiscitario. Y no me refiero sólo a este particular Gobierno, sino también a los que han estado y comparten poltrona en las Comunidades Autónomas.

A la ciudadanía sólo se la deja decidir a través del número, la regla de la mayoría, y únicamente en las cuestiones de suma importancia. Esto, que pudiera parecer un logro democrático entraña uno de los mayores peligros de la democracia. En tal tipo de plebiscitos se han fundado en el pasado casi todos los regímenes dictatoriales modernos.  ¿No parece un contrasentido que al pueblo se le pida que elija sobre la independencia, por ejemplo, y no sobre cómo emplear el dinero público?, ¿que sólo se reclame su participación sobre el puro simbolismo de un territorio, una bandera o un partido, y en cambio, sobre las cuestiones del día a día, como puede ser la remuneración del trabajo, los impuestos, los servicios públicos, el apoyo a la cultura, etc., no podamos participar y aportar nuestro criterio, trabajo y opinión?

En el mundo del trabajo este desequilibrio se aprecia de modo alarmante. Cada vez menos empresas y más grandes, apoyadas con dinero público y regulaciones favorables, dominan los precios de las mercancías y el salario de los trabajadores. No estamos ante un régimen totalitario tradicional y por ello puede engañarnos el hecho de que la libertad sindical esté reconocida, el salario mínimo establecido y la libre competencia garantizada por Ley, pero la realidad es que nos encaminamos  a un tipo de relaciones económicas de total dominación donde ese precario equilibrio que intentaba garantizar la democracia entre la retribución del capital y del trabajo se está quebrando sin aparente remedio. Gracias a la nueva legislación laboral, a la deuda y la fuerza de los mercados, y sobre todo, al interés de nuestros políticos y grandes empresarios por incrementar su poder y riqueza material, con la coartada de que no se puede hacer otra cosa y de que otras instancias superiores nos obligan a ello, con gran hipocresía y mentiroso restañar de dientes están encontrado la justificación práctica para realizar su voluntad y quebrar nuestra democracia.

También a nivel de la justicia el deterioro resulta pasmoso. Quizás el poder judicial haya sido el que menos había evolucionado desde los tiempos de la dictadura franquista: la Audiencia Nacional como verdadero tribunal de excepción, el difícil y todavía escaso acceso a la justicia de los ciudadanos, la demora escandalosa de los juicios, la impunidad de las grandes fortunas, la perpetuación de la casta judicial como un estamento al margen del control democrático, etc. Los tibios avances que se habían logrado en la democratización de este poder, y gracias a las últimas reformas tanto en el funcionamiento como en la legislación a aplicar, sobre todo a nivel penal, se aprecia un involución acelerada hacia lo que el poder judicial significa en una dictadura, una parte consustancial del control ciudadano por parte del ejecutivo.

La calle como espacio público resulta fundamental para establecer una democracia, y por extensión, todos aquellos lugares y tecnologías que facilitan en pie de igualdad el encuentro, la discusión y la visualización de los conflictos. Cada vez resulta más intenso el control policial de la calle, las limitaciones de uso, la marginación urbanística de los lugares públicos y las restricciones del derecho de reunión y manifestación. Se nos legitima todas estas acciones contra lo público por motivos de seguridad pública, de imagen del país y eficiencia en el funcionamiento de la ciudad, pero en realidad, todas estas medidas policiales, jurídicas y legales están encaminadas a coartar nuestro derecho a la protesta y a limitar el poder ciudadano de la calle como último garante de las libertades democráticas.

Ya sólo se habla de austeridad, todo se supedita a la austeridad, como un nuevo dios la austeridad dictamina lo que no puede y debe hacer el Estado para lograr la solvencia internacional y superar la crisis. Pero la austeridad es la coartada de la que se está valiendo el actual Estado para metamorfosear la  democracia en dictadura y perpetrar un golpe de Estado que posee unos actores bien definidos, a pesar de querer ocultarse tras las bambalinas de la disciplina fiscal, como si las reformas que se están realizando fueran anónimas y obligadas, impuestas por un poder sin rostro al que la ciudadanía debe desenmascarar para defender la democracia que nos están robando.

Todas las reformas que se están realizando en los campos de la educación, la sanidad, la investigación, la cultura, los medios de comunicación, los servicios públicos, el trabajo, etc. van dirigidas contra la ciudadanía con el objetivo claro de construir una dictadura, un nuevo sistema político que disfrazado con los abalorios de la democracia que se arrumba, coarte nuestras libertades con el objetivo de acumular cada vez más riqueza y poder en un número cada vez más reducido de personas, individuos que coinciden con aquellos que han regido los designios de nuestra economía antes y durante la crisis, que han dirigido los bancos que se han hundido, los ayuntamientos que han prevaricado, las empresas que han corrompido, los políticos que han echado leña al sistema con premeditación y alevosía.

La deuda que sirve de coartada a esta involución no es legítima y debe ser auditada con objeto de aclarar quiénes han tomado esas decisiones y quiénes se han lucrado con ella, tanto en el bando de los deudores, como de los acreedores. Hay que denunciar la deuda como un robo, y por tal razón, exigir la devolución de lo robado por parte de aquellos que han sido los máximos responsables del expolio que hoy estamos pagando el resto de los ciudadanos. La dictadura que se cierne sobre este país la están construyendo quienes crearon la deuda, quienes ahora nos piden austeridad, aquellos que arruinaron la costa con edificaciones innecesarias, quienes construyeron tantas infraestructuras ruinosas, los corruptos y sus cómplices, todo ese sistema político clientelar que medró a la sombra de esa parca democracia española que está sucumbiendo bajo los golpes de pala de aquellos que sobre su tumba erigirán un mausoleo con el dinero y las libertades robadas a la ciudadanía con la excusa de la austeridad.

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