El Estado, como hemos visto, lejos de regular la economía para impedir el afloramiento de monopolios y grandes empresas, la organiza con el objetivo contrario de crear un marco normativo y económico favorable a la aparición de economías de escala y de fallos de mercado. Recordando el símil del globo con el que caracterizábamos a las empresas y su tamaño en relación con las fuerzas económicas que las hacen crecer o menguar, el Estado sería como una bomba de presión que inyectara aire en las empresas haciéndolas crecer a costa de la libre competencia de los mercados y en contra del tejido empresarial más dinámico, eficaz e innovador de las pequeñas industrias.
Junto con las economías de escala que fuerzan el crecimiento y la concentración, se encuentran también las “deseconomías de escala” que justo coadyuvan a que el dimensionamiento por encima de determinados ratios provoque rendimientos decrecientes con el tamaño. Recordemos que las dimensiones de las empresas de un determinado sector económico, y su tendencia al monopolio, se relaciona muy estrechamente con la forma de gestionar la información y el conocimiento. Y precisamente serán los factores relacionados con la gestión de este conocimiento experto, la información propia y de su entorno, y las decisiones empresariales y de producción las que, a medida que crece la organización, podrían estar provocando la merma de su productividad.
Estas “deseconomías de escala”, que introducen ineficiencia en relación directa con las dimensiones industriales, en un entorno de libre competencia sin la intervención pro-capitalista del Estado, deberían impedir que las empresas crecieran por encima de cierto tamaño razonable. Si en el mundo real las empresas desbordan estos límites, se debe a la conjunción de dos factores, por un lado, y como hemos visto, que estos sean contrarrestados por las “economías de escala” que artificialmente crea el Estado con su regulación y política favorable, y por otra parte, que un porcentaje elevado de estos extra-costes derivados del tamaño no los soporte la propia empresa, sino la sociedad en su conjunto.
En las organizaciones jerárquicas y centralizadas de las grandes corporaciones se da un desacople claro y palmario entre el tamaño y la inteligencia. En primer lugar, problemas de información. Como afirmaba Coase, el interior de la empresa sustituye al mercado, por lo que las decisiones sobre asignación de recursos no descansan en el mecanismo de los precios, sino en las decisiones autoritarias de sus gestores. Y esto genera ineficacia en proporción directa al tamaño de la empresa, en la medida en que los gestores cada vez se ven más incapacitados para suplantar la cibernética de la regulación automática del mercado, por la planificación centralizada. Dentro de la empresa no existe el mecanismo del precio para asignar óptimamente los recursos y los factores de producción, por lo que cuanto más grande sea la empresa en mayor media tenderá a parecerse a un mini-soviet planificador y autoritario, incapaz de asignar eficientemente los recursos.
Las grandes organizaciones tienden a distorsionar la información que fluye por sus largas e ineficaces cadenas de decisión, porque la jerarquía y las relaciones de poder sobreimpuestas a la estructura de conocimiento y tecnología provocan errores difíciles de subsanar. La jerarquía, la administración y la burocracia empresariales, más que para incrementar la productividad trabajan para controlar y extraer rentas, para imponer un sistema de poder, una cadena de mando que crea la ficción de la cabeza central, sabia y pensante, ordenancista, que todo lo controla y que en consonancia, adopta las decisiones más racionales para el buen funcionamiento de la organización. Una falacia. Como consecuencia de la mayor disparidad y alejamiento entre las partes productivas y gestoras de las grandes corporaciones, el desconocimiento del trabajo y de la tecnología implicadas resulta cada vez menor entre sus gerentes, los cuales deben desplegar todo un sistema de gestión por objetivos, y de supervisión a través de métricas “virtuales”, que lejos de medir el rendimiento y la eficacia real de los procesos, tan sólo abundan en recopilar una información puramente burocrática que permite la gestión endogámica en escritorios y consolas, en reuniones de dirección que en nada repercuten, si no perjudican, el real funcionamiento de la empresa.
El crecimiento de la empresa provoca el incremento exponencial de los llamados costes de distribución que debe enfrentar toda industria que opere a gran escala, en la medida en que se amplían las distancias a cubrir por todas las cadenas de valor implicadas en el transporte, ya sea de los insumos, como sobre todo de los productos intermedios a través de la cadena de montaje global, y de los productos finalizados hacia su embalaje y mercado mundial. La logística, como técnica de optimización de todos los procesos de distribución, adquiere en el día de hoy una importancia decisiva para el gran capital. Debemos mencionar que, según los sectores, la logística cada vez representa un coste mayor y un porcentaje creciente del valor final de mercado de las mercancías, que ya supera en muchos casos a sus propios costes de producción. Y que si las grandes empresas pueden enfrentarlos y a pesar de ello continuar siendo competitivas frente a las empresas de menores dimensiones, se debe al soporte que reciben desde los Estados a través de sus políticas de transporte. En concreto, resaltar cómo los grandes operadores de infraestructura pública (puertos, ferrocarriles, aeropuertos, etc.) compiten entre sí por atraer toneladas en un marco de sobre-dimensionamiento de capital, y cómo los Estados están implantando estrategias logísticas para ayudar, con dinero público, a abaratar costes de distribución, en contra de los consumidores, del medio ambiente y de los competidores que operan a menor escala.
Asimismo, los Estados han creado artificialmente monopolios, ya sea para promover un bien público o para garantizar la prestación de un servicio a un precio razonable. Agua, electricidad, transporte público, sanidad, comunicaciones, son algunos ejemplos. En unos casos amparándose en la teoría de los “monopolios naturales” (las essencial facilities anglosajonas), en otros con el objetivo de garantizar un servicio público, para impulsar una industria o sector estratégico o para asegurarse una línea segura de abastecimiento en materia, por ejemplo, de defensa o seguridad, los Estados han constituido, ya sea por ellos mismos, o a su sombra, un entramado de monopolios protegidos de la competencia por estrictas leyes y reglamentaciones. Aquí aparecen dos elementos que me gustaría destacar.
En primer lugar, sobre la existencia real de monopolios naturales, en síntesis, sobre si resulta cierta la teoría sobre la que se basa la regulación estatal y hasta la nacionalización de ciertos sectores. El surgimiento del concepto y su evolución histórica ha sido detallado de forma palmaria por M. Mosca en On the origins of the concept of natural monopoly. La teoría dice que en ciertos sectores sujetos a elevados costes fijos de instalación donde se utilizan recursos naturales limitados, el hecho de que el coste medio de producción del servicio o mercancía disminuya con el volumen producido, provocará que una única gran empresa acapare todo el uso del recurso natural, transformándose así en el exclusivo prestador del servicio, por lo que aplicará un precio de monopolio superior al óptimo social. Aquí resulta interesante resaltar la importancia del trabajo de Baumol en relación a los mercados atacables (contestable markets) y sobre las barreras de entrada a las que están sujetos determinados sectores económicos. Lo que refleja, entre otros trabajos académicos sobre el caso, la dificultad que plantea estudiar este ámbito de la economía en el que históricamente la regulación y la intervención estatal ha sido tan intensa, ya que resulta casi imposible discernir qué componente de los costes y de la competitividad refleja una real situación “natural” o en cambio, la artificial creada por el Estado a través de sus políticas regulatorias.
En segundo lugar, la privatización de las empresas nacionales y de los servicios públicos creados históricamente por los Estados. Con independencia de la idoneidad o no de nacionalizar o monopolizar la prestación de un servicio, lo cierto es que la venta de estas empresas -creadas con esfuerzo público y regulado su mercado para evitar la competencia- al sector privado y la consustancial reglamentación para que potenciales competidores compitan en el mercado, provoca varios fenómenos, todos ellos lesivos para los ciudadanos y para la eficacia de los servicios públicos, en la medida en que el regulador público lanza al mercado contingentado toda una industria protegida de la competencia, sin estímulos para comportarse eficientemente más allá de los controles políticos que se impongan: el caldo de cultivo perfecto para la corrupción y el derroche.
Lo cierto es que el sistema capitalista tiende a crear, tanto en el sector privado, como en el público, la clase social de los gestores-burócratas de alto nivel, expertos en jugar, manejar e intercambiar las fronteras de lo público y de lo privado con pragmatismo y liberalidad, una clase que realmente se encuentra cómoda trabajando en esas grandes corporaciones-ministerios, al margen del control económico de los mercados libres y protegidos por su propia legislación. El capitalismo resulta sinónimo de monopolio, no porque el mercado libre los genere, sino porque el Estado impone unas condiciones de privilegio que lo hace aflorar en contra de la iniciativa individual de los pequeños productores. Y la privatización de servicios públicos que previamente fueron nacionalizados, en muchos casos eliminando la concurrencia de los pequeños empresarios, ha sido un proceso continuo donde las élites funcionariales y empresariales han sabido convivir en feliz maridaje. Esto ha provocado la perversión de la democracia y del mercado, porque las decisiones sobre el bienestar de las personas se han delegado en una casta de burócratas y expertos de lo público, a los que en la novela 1984, el escrito británico G. Orwell se refirió como la nueva clase de expertos procedentes del socialismo Fabiano:
La nueva aristocracia se constituyó fundamentalmente por burócratas, científicos, técnicos, sindicalistas, publicistas, sociólogos, profesores, periodistas y politólogos. Esta gente, cuyos orígenes proceden de la clase media asalariada y de la cúspide de la clase obrera, había sido reunida y conformada por el árido mundo de la industria monopolística y el gobierno centralizado.
No difiere demasiado el trabajo de los altos funcionarios en un gran Ministerio del que realizan en sus correspondientes monopolios privados: planificación, captura de rentas, relaciones públicas, jerarquía y autoridad. Tanto las grandes empresas nacionalizadas, como sus correlatos privatizados, funcionan de similar forma, como grandes emporios jerárquicos que controlan la demanda gracias a la regulación pública y que lejos de alcanzar la eficiencia económica en la asignación de factores productivos optimizan la captura de rentasdesde el sector público, en suma, a costa de la libertad y de la economía de los ciudadanos.
Por último, pensemos en la innovación tecnológica, un factor clave para entender, desde Schumpeter, la falsa ventaja natural del gigantismo sobre la pequeña empresa. En lo que realmente han destacado las multinacionales no ha sido en su capacidad para la creación de conocimiento o de novedades tecnológicas y de organización de procesos, sino en su trabajo eficaz y decidido por inscribir patentes en los registros y protegerlas con el poder de toda una burocracia privada y gubernamental puesta a su servicio. La mayor parte de las innovaciones que pueblan nuestra realidad tecnológica, tanto a nivel de utensilios como de procesos industriales, no fueron desarrolladas en el seno de las grandes empresas, cuyo trabajo en esta materia no consistió tanto en innovar cuanto en subsumir y encapsular en forma legal de patentes el conocimiento creado por otros. La gran empresa resulta ineficaz para innovar, porque no se rige por el trabajo cooperativo, porque su estructura de poder y jerarquía reprime la originalidad, porque sus estudios estratégicos carecen de realismo, porque la inversión en I+D en la gran empresa, a pesar de que acumule la mayor proporción de gasto estatal en esta materia, reporta ratios de eficacia por euro invertido muy inferiores a los de otras empresas mucho más pequeñas que poseen un marco de incentivos mucho más apropiado para la innovación. Lo que distingue a la gran empresa en este campo, y es lo que nos confunde, es su enorme capacidad legal para proteger sus patentes de la competencia, por crear un entorno de monopolio basado en el uso exclusivo de tecnologías, por su beligerancia contra la libre difusión del conocimiento, y por el abuso de una legislación de copyright que no posee el objetivo de maximizar la creación y la innovación, sino la de hacer aflorar cotos exclusivos de privilegio al servicio de las grandes empresas.
Nos equivocamos cuando concebimos al capitalista como un atleta de la eficiencia. El objetivo del capitalista no consiste en optimizar o en conseguir que la empresa funcione de forma totalmente racional y óptima, es decir, que su rendimiento tecnológico sea eficaz, sino en optimizar la extracción de beneficios de toda la cadena de valor directa e indirectamente relacionada con la gestión de su empresa. Y esta actividad extractiva, que se centra no tanto en la eficacia de la producción, cuanto en la eficiencia acumulando subvenciones, ventajas, apoyos políticos, intereses financieros, concibe el propio proceso productivo como un mero objeto de intercambio en el mercado contingentado del apoyo público de ese Estado benefactor que basa toda su política en atraer grandes inversiones y proteger al grande a costa de los pequeños. Por esta razón, la extracción de rentas al máximo, lo que de hecho conlleva es una reducción de la eficiencia económica o tecnológica de la factoría, desde el momento en que una parte de las rentas son conseguidas exógenamente a la propia empresa, a costa de esa la misma gestión óptima social. Y a que, por otra parte, las estructura jerárquicas y de control que el capitalista impone para extraer rentas perturba la asignación óptima de recursos en el interior de la empresa y desincentiva la aplicación de conocimiento experto por parte de los trabajadores. En la gran empresa se da un conflicto de intereses entre la cúpula que controla y los propios trabajadores, y en esta situación asimétrica nunca se podrá alcanzar un funcionamiento, no digamos justo, sino mínimamente eficaz de la maquinaria tecnológica, máxime cuando la empresa debe enfrentar unas condiciones de incertidumbre que difícilmente podrá superar a consecuencia de su tamaño mastodóntico. En síntesis, el capitalista maximiza las rentas a expensas de la propia productividad de la empresa, y por tanto, en contra de sus propios trabajadores y de los consumidores.
Decíamos (aquí, aquí y aquí) que el Estado del Bienestar -una fase entre otras de la camaleónica historia del capitalismo de Estado- se implantó, entre otras razones, para fijar el conocimiento experto de los trabajadores en las grandes empresas, para fidelizarlos al engranaje estructural del capitalismo. Y que en el derrumbe o demolición de los Estados del Bienestar de la posguerra, está jugando un papel muy destacado, tanto la extracción de rentas desde la especulación financiera internacional del capital, como la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) para usar la logística y la desagregación de funciones y operaciones al servicio de la máxima rentabilidad. El capitalismo consideró que ya le sobraba el Estado del Bienestar, porque creyó que podía encapsular el conocimiento experto como puro software de proceso, y atomizar las funciones de producción y venta de mercancías en los territorios más rentables (fiscalidad, exenciones, impuestos, infraestructuras, medio ambiente, etc.), utilizando la logística para ensamblar lo disperso, la ingeniería financiera para colocar óptimamente en los mercados las rentas extraídas del proceso productivo. La gran empresa, que en la posguerra se caracterizó por perseguir la máxima integración vertical, en el posfordismo que destroza los Estados del Bienestar europeos se singulariza por la integración horizontal, el outsourcing (subcontratación) y el offshoring (deslocalización). Un nuevo marco de competitividad internacional en el que los Estados se ofertan como territorios baratos y dotados de infraestructuras a un capital que se mueve con soltura buscando el cóctel perfecto y más rentable de funciones productivas y localizaciones geográficas. La crisis fiscal que asola el Estado del Bienestar procede de aquí, de haberse transformado los Estados en ofertantes de servicios empresariales y por la imposibilidad, y digamos también, impotencia, coraje y desidia a la hora de aplicar una política fiscal justa a las rentas del capital y al patrimonio.
Las pequeñas empresas, los autónomos, los emprendedores, los talleres y factorías locales, el pequeño comercio, siempre han estado aquí, a pesar de la guerra abierta que el capitalismo les ha planteado. Lejos de obtener apoyos públicos han debido luchar contra la protección que el Estado siempre le ha otorgado al monopolio, a la gran multinacional, a las grandes factorías y emporios empresariales. Su capacidad de adaptación ha sido heroica. Sorprende contemplar cómo han sobrevivido, a pesar de las numerosas bajas y de la labor continua y asfixiante de demolición de la iniciativa privada que ha llevado a cabo el Estado del Bienestar desmotivando el carácter emprendedor y la autonomía.
Afortunadamente ya nos estamos introduciendo en un nuevo escenario, plagado de incertidumbres, pero también de oportunidades para romper la connivencia del Estado con el capitalismo y sus monopolios privilegiados, a las que ya me referí en la tercera parte del post dedicado a La involución de las masas. En suma, esas mismas TIC que favorecieron el proceso de deslocalización empresarial también están promoviendo la aparición de nuevos actores económicos que basados en el uso del procomún, de la economía en red, la innovación tecnológica, están llevando a cabo una verdadera revolución de los pequeños y de los pobres. Hoy asistimos a una proliferación de proyectos innovadores relacionados con el comercio, la financiación, la producción, la tecnología, impulsados por pequeños innovadores y emprendedores que conectados en red son capaces de cooperar y compartir libremente el conocimiento y la experiencia. Esta nueva economía atomizada y cooperativa demuestra el error en el que incurrió el capitalismo al pretender encapsular el conocimiento, porque el saber experto que hoy se aplica a la mayor parte de los procesos productivos no puede desgajarse de las personas y del diálogo que entre ellas se genera en el proceso de trabajar y crear. Por ello las cadenas de montaje globales están explotando, y sus partes constitutivas, liberadas de la centralización, del control jerárquico y de la explotación económica impuestas antaño por los monopolios, están aprendiendo a rehacer, esta vez con mayor eficiencia, y utilizando autónomamente esas mismas TIC, las cadenas de cooperación productiva, pero esta vez entre pares que pactan individualmente las condiciones y las oportunidades.
Planificación, predictibilidad, estabilidad, seguridad, conceptos vitales para el capitalismo de Estado, imprescindibles para ejercer control sobre las masas. Y unas tecnologías de la información y de la comunicación que sin duda están siendo utilizadas por el poder económico y político para intentar hacer todavía más asfixiante el mundo regulado, programado y controlado al que el capitalismo aspira. Pero la revolución de los pequeños nos ofrece una oportunidad, una salida factible y esperanzada para poder aspirar al orden y a la racionalidad desde la libertad, sin necesidad de instaurar los sistemas de control y explotación propios del capitalismo de Estado. No sólo habrá que competir contra las grandes empresas protegidas y privilegiadas, sino también contra los Estados.
No me puedo sustraer a la tentación de concluir con el siguiente pensamiento, del escritor norteamericano, Benjamin Tucker, en 1893:
(…) que el salario natural del trabajo es igual a su producto; que este salario, o producto, es la única fuente legítima de ingresos (dejando de lado, por supuesto, los regalos, las herencias, etc); que todos los que derivan ingresos de cualquier otra fuente lo sustraen directa o indirectamente del natural y justo salario del trabajo; que este proceso de sustracción generalmente toma tres formas, — interés, renta y lucro; que estas tres formas constituyen la trinidad de la usura, y son simplemente diferentes métodos de imponer un tributo por el uso de capital; que siendo el capital simplemente trabajo almacenado que ha recibido ya su pago completo, su uso debe ser gratuito, bajo el principio que el trabajo es la única base del precio; que el prestamista de capital se merece el retorno intacto de la cantidad que prestó, y nada más; que la única razón por la cual el banquero, el accionista, el terrateniente, el fabricante, y el mercader están capacitados para extraer usura desde el trabajo yace en el hecho de que están respaldados por privilegios legales o monopolios, y que la única manera de asegurar que el trabajo reciba el salario natural -es decir, su producto íntegro- consiste en derribar los monopolios.
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Rui Valdivia 